La JEP informó que imputará por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc, entre los que se encuentran cuatro miembros del secretariado del grupo ilegal, entre los que se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko. Además de él, también enfrentarán cargos: Milton De Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico o Mauricio Jaramillo, y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)
Los imputados eran integrantes de los bloques Sur y Oriental, los más grandes de las antiguas Farc que, según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, “operaban en 15 departamentos. Estamos hablando de casi la mitad de Colombia”.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, fue más específica y dijo que los crímenes se cometieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, el oriente de Boyacá y zonas del nororiente de Caquetá, zona de operación del Bloque Oriental. Además, en Huila, Putumayo, Nariño, Amazonas, el oriente del Cauca y zonas limítrofes entre Meta y Caquetá, donde operó el Bloque Sur.
¿De qué crímenes los acusan?
“De acuerdo con lo indagado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los comparecientes fueron determinantes para la ejecución de los planes de la guerrilla, tenían mando sobre la tropa y autoridad para castigar a los subalternos”, señala el alto tribunal. Respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, indica que se trata de: “asesinatos y masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual contra civiles. También se les llama a reconocer responsabilidad por dirigir ataques intencionales contra la población y objetos protegidos (como escuelas y hospitales) en tomas guerrilleras y atentados”. Añade: “La imputación abarca el uso de métodos prohibidos como matar o herir a traición, atacar misiones médicas que usan el emblema de la Cruz Roja, destruir bienes indispensables para la población (como acueductos) y el uso indiscriminado de minas antipersonal”.
“La justicia transicional colombiana pudo esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades, cómo sucedieron los hechos, las lógicas y patrones criminales”, señaló el presidente de la JEP, quien sostuvo que “es la radiografía más completa y profunda que se ha realizado en Colombia”, explicando que se cruzan dos macrocasos: “El 10, que son violaciones al derecho internacional humanitario, y el 11 que es relacionado con violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida por las Farc”.
Aseguró que “en la justicia ordinaria, el 97,94 % de estos crímenes no tenían condenas y el 90 % de los casos estaban en etapa preliminar”. De acuerdo con el magistrado Ramelli, es la primera vez que los integrantes del secretariado de las extintas Farc y quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos hechos.
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El togado también hizo referencia a las víctimas, 2.436 “de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por dinámicas de control social y territorial; estamos hablando de pastores de iglesias cristianas y evangélicas, sacerdotes católicos, soldados, policías, familias buscadoras y sobre todo víctimas pertenecientes a la Fiscalía -fiscales, investigadores- que fueron igualmente victimizados. Además de algunas figuras públicas de connotación nacional”, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros.
Asimismo, la imputación “recoge tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores, así como masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, Huila, o los de Puerto Rico, Caquetá. Además, establece responsabilidades por atentados como el del Club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los atentados contra Germán Vargas Lleras”, o “el atentado de 2003 con un 'caballo bomba' en Chita, Boyacá, donde murieron ocho personas, entre ellas un niño, y donde más de 30 personas quedaron heridas. Muchas de ellas tienen secuelas permanentes como lesiones auditivas, visuales y físicas irreversibles”, indicó la JEP.
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Ramelli fue enfático en decir que “nunca se ha investigado tanto a las Farc como se ha hecho y este auto es una prueba más”, al recordar la primera sentencia de la JEP por 21 mil secuestros y otros casos que ha procesado el alto tribunal, con los que “hoy ya alcanzaríamos la cifra de 109 exintegrantes de las antiguas Farc considerados máximos responsables”. (Lea también: A diez años del acuerdo de paz, Santos, Defensoría y JEP defienden el proceso)
¿Qué pasará tras la imputación a los exintegrantes de las Farc?
La JEP informó que los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad por los hechos imputados o rechazarlos. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
La Jurisdicción, además, ordenó a los imputados “que aporten toda la información faltante que esté a su disposición, tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques, de los que ha identificado 241 casos. “Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados podrán dar la cara a la justicia, a las víctimas y al país”, explicó.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
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