
Las próximas dos semanas serán claves para el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd). Las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, han sido importantes en el proceso y, de hecho, buscan acogerse a un principio de oportunidad con la Fiscalía. Sus testimonios y las actas firmadas están revelando una red de contratos y acuerdos políticos que implicarían a congresistas, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional. La información ha surgido a partir de una audiencia reservada, a pesar de la solicitud de Pinilla de que fuera pública.
La Fiscalía ha puesto bajo la lupa a dos exministros del Gobierno. Incluso, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, y el congresista Julio Elías Chagüi aparecen en un capítulo central de la investigación. Según la fase de indagación, Velasco, "valiéndose de su cargo y posición política, ordenó, supervisó y coordinó" la entrega de un contrato en el que se habría interesado ilícitamente el senador mencionado. Este proyecto contractual se tramitaría y celebraría en el municipio de Sahagún, Córdoba.
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Un acta de compromiso firmada por Olmedo López el 11 de agosto detalla que, tras una reunión el 4 de diciembre de 2023 en el Palacio de Nariño, Velasco le ordenó gestionar un acuerdo con miembros de la Comisión Primera del Senado, representados por Julio Elías Chagüi. Dicho acuerdo consistía en el intercambio de votos favorables a proyectos de ley del Gobierno Nacional por la adjudicación de contratos de la Ungrd en beneficio de los congresistas, por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. Inicialmente, se consideró tramitar los contratos a través del Invías, pero finalmente se optó por la Ungrd.
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Otro nombre que emerge es el del entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. La Fiscal señaló en la audiencia del 12 de agosto que Bonilla "ordenó y supervisó la entrega de proyectos contractuales que se tramitaban en la Ungrd con destino a congresistas miembros de la Comisión interparlamentaria de crédito público".
Olmedo López dijo que Bonilla lo contactó para indagar sobre el estado de contratos cuya gestión estaba ligada a las operaciones de crédito público de la Nación. Supuestamente, Bonilla había llegado a un acuerdo con miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso para obtener un concepto sobre dichas operaciones. El exministro Bonilla fue citado el 14 de agosto a la Dijín para una diligencia de arraigo y ratificó su disposición a colaborar.
¿Quiénes han sido mencionados en el escándalo?
El escándalo ha llevado a la apertura de 15 noticias criminales: 12 en la Fiscalía y 3 en la Corte Suprema de Justicia. Entre los individuos vinculados se encuentran directores, ministros, consejeros presidenciales, funcionarios de la Ungrd, contratistas y congresistas. Los congresistas mencionados incluyen a Andrés Calle, Iván Name, Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Elías Chagüi, y Martha Peralta.
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Un caso detallado es el de la senadora Martha Peralta, quien se reunió el 19 de septiembre de 2023 con Olmedo López y los contratistas Francisco Riscal Lozano y Jorge Riscal Murgi de Inversiones RL SAS. En esta reunión, acordaron tramitar un negocio jurídico de la Ungrd para el mantenimiento de jagüeyes mediante el uso de "maquinaria amarilla", el cual sería direccionado a los Riscal.
La senadora Karen Manrique Olarte, miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, también se habría interesado en el proyecto contractual de Saravena, Arauca, gestionándolo a través de su compañero sentimental, Gustavo González Ruiz, según se detalló en las actas de compromiso.
Además, se mencionaron a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y a quien piden en extradición a Nicaragua, y César Manrique, con órdenes de captura vigentes, en relación con un "plan criminal" que Sneyder Pinilla se ha comprometido a esclarecer con su testimonio.
En cuanto a los implicados que buscan beneficios, Sneyder Pinilla obtendría inmunidad parcial por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y falsedad, pero seguirá enfrentando cargos por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Olmedo López también recibiría inmunidad parcial por interés indebido y falsedad, pero la investigación continuará por concierto para delinquir y peculado agravado.
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Las decisiones de los jueces sobre estos principios de oportunidad son inminentes, con la audiencia de Sneyder Pinilla fijada para el 20 de agosto y la de Olmedo López para el 26 de agosto. Estas determinaciones podrían abrir la puerta a nuevas imputaciones contra más implicados en este creciente escándalo de corrupción.
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