
La Corte Suprema de Justicia tiene chats y otras pruebas del escándalo de la Ungrd que evidenciarían que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, participó en un entramado criminal para comprar a seis congresistas a cambio de que aprobaran un cupo de endeudamiento para la nación.
Su exviceministro, y luego ministro de Hacienda, Diego Guevara, también estaría seriamente comprometido en esa negociación ilegal.
¿Qué dicen las pruebas contra Bonilla?
Son 799 páginas que contienen las pruebas e indicios que llevan a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a decir que funcionarios del alto gobierno habrían hecho promesas a congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público a cambio de conseguir conceptos favorables para la nación, promesas que se cumplirían a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
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"En suma para la Sala, resulta probable que en la reunión entre los ministros del Interior y Hacienda se hayan abordado temas relacionados con la situación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y que consecuentemente se haya instruido a los asesores de la rama ejecutiva para continuar con las gestiones en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el objetivo de concretar tres proyectos prometidos a los indicados miembros de la comisión de crédito", se lee en el documento.
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Los proyectos a los que se refiere la Corte serían contratos en las poblaciones de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, y el acuerdo entre gobierno y congresistas habría iniciado, según el alto tribunal, el 26 de septiembre de 2023 con un proceso complejo y sostenido en el tiempo para establecer un monto de retribución. Y como prueba de las instrucciones que habrían recibido los asesores del despacho aparecen chats como uno de María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro Ricardo Bonilla.
La conversación se dio cuando el ministro estaba en un viaje en Emiratos Árabes y Benavides habría enviado el mensaje sin tener en cuenta que, previamente los involucrados, habrían hablado y establecido mecanismos privados de comunicación. Ese chat dice:
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María Alejandra Benavides: hola ministro buenos días, espero esté muy bien. Me comentaron que usted llega mañana y como tenemos sesión interparlamentaria el miércoles 6, quería preguntarle si usted está de acuerdo en que el vice Diego atienda a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de Ungrd, pero que salen el otro año.
Ricardo Bonilla González: Sí, adelanta eso.
María Alejandra Benavides: Listo ministro. Ya hablo con el vice.
En otra comunicación, la misma María Alejandra, quien ahora colabora con la justicia, también organiza con el exministro Bonilla una reunión con congresistas, tanto de la Comisión Interparlamentaria como de otros relacionados con la paz.
María Alejandra Benavides: Ministro, ¿usted quiere que la reunión que vamos a tener mañana de la interparlamentaria, citemos a los de la paz?
Ricardo Bonilla: Aparte. Primero los otros.
María Alejandra Benavides: Listo, ministro. Voy a citar al resto.
Según dice la Corte, las reuniones, los acuerdos y las gestiones de contratos ante la Ungrd habrían sido para los legisladores Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, hoy investigados por el alto tribunal.
...se trata de hechos a los que se les habría dado un tratamiento oculto y sigiloso. La principal prueba de su ocurrencia surgió de las conversaciones privadas que sostuvieron la asesora Benavides Soto, el ministro Bonilla González, el viceministro Guevara Castañeda y el director y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre ellos con los indicados y con terceros; sin embargo, en varias ocasiones se eliminaron mensajes por sus emisores
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Dice la Corte Suprema que a Bonilla se le habría reportado lo que ocurría con los congresistas y que el entonces viceministro Diego Guevara, a quien el tribunal compulso copias a la Fiscalía, habría sido determinante en los ofrecimientos a los congresistas.
"Las reuniones informales del 5 de diciembre de 2023, con el viceministro Guevara Castañeda y la asesora Benavides Soto, habría sido el momento culminante de la aceptación de la promesa remuneratoria, a cambio de la función de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, y la Interparlamentaria Interna del 6 de diciembre con el ministro Bonilla González habría sido una instancia de ratificación para unos indiciados".
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Pero además del complejo entramado, la Corte también reunió pruebas de soborno, como una cartera que habría sido regalada por la congresista Liliana Bitar a la exasesora Benavides.
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