Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años, señalado como presunto responsable del homicidio del subintendente Iván Ferney Tavares Restrepo, ocurrido en medio de un hurto en Medellín, Antioquia.
De acuerdo con la investigación, la noche del 13 de diciembre, Muñoz Saldarriaga, quien viajaba como parrillero en una motocicleta, disparó contra el uniformado que se movilizaba en otra moto por el barrio Manrique. Las labores de policía judicial evidenciaron que la víctima, de 44 años y vestida de civil, fue atacada porque se opuso al robo de varias joyas.
Tras el ataque, el procesado fue capturado a la entrada de un hospital cercano, donde llegó para ser atendido por heridas.
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Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado.
El crimen generó indignación en la ciudad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió a través de sus redes sociales lo siguiente: “Qué dolor y qué indignación. Todos deben caer. Y no solo ellos, toda la estructura criminal a la que pertenecen”.
Por su parte, el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que “No vamos a descansar hasta capturar a los autores materiales e identificar la organización criminal detrás de este hecho”, confirmando que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía.
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Para homicidio agravado, contemplado en el artículo 104, la sanción oscila entre 400 y 700 meses de prisión, lo que equivale aproximadamente a 33 a 58 años. Este es uno de los delitos más severamente castigados en el país, especialmente cuando concurren circunstancias agravantes como la indefensión de la víctima o la utilización de armas.
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En cuanto al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, regulado en el artículo 365, la pena base es de 9 a 12 años de prisión. Sin embargo, cuando se configuran agravantes, como actuar en grupo organizado o emplear el arma para cometer otro delito, la sanción puede duplicarse, llegando hasta 24 años.
Por último, la tentativa de hurto calificado y agravado, prevista en el artículo 240, tiene una pena entre 6 y 14 años cuando el hurto se consuma. Al tratarse de tentativa, el artículo 27 establece una reducción: la pena no será menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo. Esto significa que podría oscilar entre 3 y 10,5 años.
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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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