La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- decidió expulsar al general (r) Mauricio Santoyo del Sistema Integral para la Paz, “consistente en aportar verdad plena”.
Lo anterior porque “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, explicó el alto tribunal.
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Santoyo está sometido ante la JEP por dos casos de 1999 y 2000, por lo que responde por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada y enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Detalla el alto tribunal que el general retirado tenía la obligación de presentar una propuesta de régimen de condicionalidad “en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición”.
De acuerdo con el documento emitido por la JEP, “frente a la pregunta relacionada con la colaboración que puede prestar a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas", señaló que “no puedo prestar colaboración, pues no he tenido relación con los hechos que se me atribuyen respecto de personas desaparecidas”. (Lea también: JEP condena a coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de cárcel por 72 falsos positivos)
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Lo anterior tiene que ver con la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de derechos humanos e integrantes de la Asociación ASFADDES, ocurrida el 6 de octubre del 2000 en la ciudad de Medellín, Antioquia.
¿Qué beneficios pierde Mauricio Santoyo?
El general retirado tenía el “beneficio transicional de privación de la libertad en unidad policial o militar -PLUMP- 119, el cual la Sala, por lo anteriormente expuesto, se dispone a revocar” y se pide al Inpec "coordinar su traslado a un centro de reclusión”, indica la JEP.
Además, “sus asuntos” deberán “retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”.
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Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019, tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia para traficar cocaína.
Aunque fue sentenciado en 2012 a 13 años de prisión, tuvo una reducción y terminó pagando 6 años y 8 meses por colaborar con la justicia y registrar buena conducta.
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