El Ministerio de Justicia expidió un decreto por el cual se modificaron lineamientos para que, ahora, las tutelas que sean en contra del presidente Abelardo de la Espriella sean asignadas al Consejo de Estado, y no a otros juzgados de diversos circuitos. La decisión firmada por el ministro Iván Cancino fue publicada poco más de un mes y medio después de que De la Espriella asumiera el cargo como mandatario. Este lapso ha estado marcado por varias tutelas, fallos de jueces y revocatorias de las mismas. No obstante, esta no es la primera vez que el alto tribunal toma decisiones acerca de estos recursos judiciales.
Se trata del Decreto 1446 del 28 de septiembre, que modifica las reglas de reparto de la acción de tutela contenidas en el Decreto 1069 de 2015, más conocido como el “Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
El historial de tutelas presentadas contra el presidente De la Espriella
Desde su llegada a la Presidencia, el 7 de agosto de 2026, el mandatario ha sido objeto de varias tutelas en su contra. De las primeras que se conocieron fue una por vulneración de la neutralidad religiosa; un juzgado de Bogotá ordenó al mandatario que pidiera disculpas al vulnerar este derecho durante la ceremonia de posesión. El recurso fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá al considerar que sus acciones no constituyeron. No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá revocó dicho fallo señalando que el acto no constituyó una adhesión oficial a un credo ni violó los límites constitucionales.
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Cuando el Gobierno nacional inició a divulgar las imágenes de los operativos donde hubo bajas de estructuras criminales, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá recibió y negó una tutela que pedía retirar las imágenes de cuerpos en bolsas. Ciudadanos interpusieron una tutela para retirar imágenes de cuerpos en bolsas plásticas exhibidas en los canales institucionales de la Presidencia de la República. Aunque inicialmente se dictó una medida provisional, el juez de circuito finalmente negó el amparo argumentando la falta de legitimidad en la causa de los accionantes, ya que ningún familiar directo de los fallecidos formó parte del reclamo.
¿Qué pasará con las tutelas contra el presidente Abelardo de la Espriella?
La nueva resolución toca ciertos apartados de la normativa para redefinir a quién le competen las tutelas que se instauren contra el Presidente de la República. La asignación queda en manos del Consejo de Estado, en casos específicos:
- Acciones contra actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones.
- Acciones dirigidas conjuntamente contra el Presidente y otros sujetos.
- Acciones relacionadas con las competencias constitucionales del artículo 189 de la Constitución Política.
Ahora bien, hay que aclarar que el decreto no altera factores de competencia legal ni las reglas de decisión judicial, aplicándose únicamente a solicitudes que sean presentadas tras su entrada en vigencia. Es decir, si usted interpone una tutela contra el presidente después del 28 de septiembre del año en curso, el Consejo de Estado la manejará desde la primera instancia.
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De ese modo, los jueces del circuito o de igual categoría conocerán en primera instancia las tutelas que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como de aquellas dirigidas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de los cultivos ilícitos.
¿El Consejo de Estado ya ha recibido tutelas en primera instancia contra presidentes? Estos son los antecedentes
El primer gobierno reciente con estos antecedentes es el de Juan Manuel Santos. Durante su segundo periodo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia (Decreto 1069 de 2015). Allí se determinó explícitamente que las tutelas contra el jefe de Estado debían ser conocidas por el Consejo de Estado. Este modelo fue ratificado durante el gobierno de Iván Duque en 2021.
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La modificación sobre esta competencia que tenía el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo llegó en la administración de Gustavo Petro. En el Decreto 799 de 2025, el gobierno de turno modificó el esquema de reparto y ordenó que las tutelas en primera instancia se tramitaran por jueces del circuito. En su momento, la medida se sustentó en un fortalecimiento de “la imparcialidad del sistema judicial”.
María Paula Rodríguez Rozo
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