Un examen de ADN confirmó que la chilena Bernarda Vera Contardo, militante del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no es una detenida desaparecida de la dictadura militar, sino que sigue vive y reside en Argentina, informó el Poder Judicial chileno.
"La autoridad judicial dio a conocer a los familiares de Bernarda Vera Contardo el resultado de informe pericial de ADN 13-SCL-ADN-412-26 (...) En la diligencia, se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999 %", indicó la Justicia en un comunicado. La controversia entorno a la identidad de Vera Contardo estalló en septiembre de 2025 cuando medios chilenos publicaron que fue localizada por las autoridades en Argentina, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, un programa público para esclarecer las circunstancias de desaparición y el destino del millar de víctimas de desaparición forzada que aún quedan por ubicar.
Hasta entonces, Vera Contardo -que hoy tiene 80 años- figuraba en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), realizado durante la transición chilena. Según dicho informe, la exmilitante del MIR era profesora de la escuela de Puerto Fuy (sur) y fue detenida en octubre de 1973, a la edad de 27 años, por participar en un asalto a un retén policial en Neltume, a 850 kilómetros al sur de Santiago, cerca de la frontera con Argentina.
La Comisión indicó en su informe que "se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén”, junto a otros detenidos. La familia de Vera perdió su rastro el fin de semana previo al golpe de Estado y nunca más volvió a tener noticias de ella.
La pruebas de ADN, explicó el Poder Judicial, se realizaron con muestras de sus familiares, que estaban disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML). Lanzado en 2023 y considerado una de las medidas más importantes en materia de memoria histórica desde el golpe, el Plan Nacional de Búsqueda fue una política impulsada por el Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para que el Estado liderara por primera vez la búsqueda del millar de detenidos que aún permanecen desaparecidos.
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El nuevo Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast se comprometió a continuar con el plan, pero realizó un recorte cercano al millón de dólares que encendió las alarmas entre familiares de las víctimas. El régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.
AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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