Realizado por Gustavo Tovar, no podrá ser transmitido ni en universidades ni en los espacios públicos.
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Así lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia, que favorece a Nicolás Maduro, bajo el argumento de la llamada ley del odio y la intolerancia.
Para los estudiantes, este es un claro ataque a la libertad de pensamiento.
El documental plantea una fuerte crítica al sistema de gobierno socialista impuesto por Hugo Chávez y continuado por Maduro.
No es la primera vez que el sistema oficial de regulación de contenidos va más allá de los medios de comunicación. Películas y obras de teatro ya fueron víctimas de la censura del régimen venezolano.
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