Los Gobiernos de Arizona, Luisiana y Misuri presentaron el pasado lunes una querella contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su decisión de suspender el uso de una norma sanitaria bajo la cual casi 1,7 millones de migrantes han sido expulsados de forma expedita durante los últimos dos años.
La demanda judicial ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Luisiana la encabeza el fiscal general de ese estado, Jeff Landry, y la acompañan sus pares de Arizona, Mark Brnovich, y de Misuri, Eric Schmitt.
Los fiscales consideran que "la revocación del Título 42 resultará en una crisis sin precedentes en la frontera sur con un impacto devastador no solo en los estados fronterizos, sino en todo el país", según el comunicado de la Fiscalía de Arizona.
El gobierno de Biden anunció la semana pasada que en mayo próximo cesará el uso de la norma, conocida como Título 42, que es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
El gobierno del entonces presidente Donald Trump (20017-2021) recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la COVID-19, y Biden ha seguido usándola, aunque la pandemia se ha atenuado.
Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE. UU. explicaron el viernes pasado que, dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario, por lo que en mayo próximo levantarán el Título 42.
"Si bien es difícil identificar la acción más irresponsable del presidente Joe Biden desde que asumió el cargo, la rescisión del Título 42 es, sin duda, una de las peores", afirmó Brnovich.
Por su parte, el fiscal general de Misuri, Schmitt, indicó que "el Título 42 es una herramienta crucial en el control del flujo de inmigrantes ilegales a nuestra frontera sur".
Entre los demandados se cuentan el presidente Joe Biden; el secretario de Salud, Xavier Becerra; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Maorkas, y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz.
Una funcionaria del Gobierno de EE. UU. afirmó la semana pasada que toda la administración se está coordinando para "estar preparados ante cualquier aumento potencial de llegadas en la frontera que resulten de la terminación del Título 42".
Dicha fuente subrayó que, a partir del 23 de mayo, los adultos indocumentados que entren a Estados Unidos de manera irregular serán "expulsados" mediante el Título 8, la normativa migratoria vigente antes de la pandemia.
"Aquellos que crucen la frontera sin autorización legal, serán puestos en procesos de deportación y, si no pueden acreditar su estancia legal en Estados Unidos, serán devueltos", advirtió.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.
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