Acompañados por representantes de varios países latinoamericanos, se reunieron en República Dominicana para buscar una salida a la crisis.
"Venimos determinados a luchar por los derechos básicos de los venezolanos: derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al voto, derecho a la democracia", declaró Julio Borges, líder de la delegación de la MUD, a periodistas antes de ingresar a la sede diplomática.
"Escucharemos lo que la oposición viene a decir, pero venimos a exigir el cese inmediato de las agresiones económicas", expresó por su parte Jorge Rodríguez, principal negociador del chavismo.
Se refería a las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela, por las que responsabiliza a la MUD.
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Estas conversaciones, acompañadas por México y Chile -invitados por la MUD- y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas -aliados de Maduro-, se extenderán hasta el sábado.
En Caracas, el mandatario venezolano agradeció el "espíritu colaboracionista" de la MUD, golpeada por divisiones internas alrededor de la negociación, pues algunos sectores la consideran una "farsa".
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"Quiero agradecer, a pesar de las diferencias gigantescas que tengo con el señor Julio Borges, Luis Florido y los líderes de la MUD, su espíritu colaboracionista para instalar el diálogo", expresó.
Cartas sobre la mesa
Las partes vuelven a la mesa tras acercamientos frustrados entre 2014 y 2017 por acusaciones de incumplimientos.
Para Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, el escepticismo "es natural", pero piensa que la arrolladora inflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas podrían forzar a las partes a cerrar acuerdos.
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Esta vez "los dinamizadores de la negociación son económicos", dijo a la AFP.
Según el analista, el gobierno podría dar "oxígeno" al sector privado para dinamizar la estancada economía, pues "la cabeza de Maduro" deja de estar entre las exigencias inmediatas de la MUD tras protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.
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La MUD plantea como prioridad la apertura de "un canal humanitario" para la entrada a Venezuela de alimentos y fármacos, así como "condiciones justas" de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Maduro, quien aspirará a la reelección, según su vicepresidente Tareck El Aissami, exige a sus adversarios que aboguen por el fin de las sanciones que prohíben a funcionarios y entidades estadounidenses negociar deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA.
El presidente intenta refinanciar la deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares.
Pero para ello necesita la aprobación del Parlamento, de mayoría opositora, declarado en desacato por una justicia -según la MUD- "secuestrada" por el gobierno.
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La Asamblea Constituyente chavista, que rige con poderes absolutos, apoya el refinanciamiento, aunque inversores temen que los acuerdos sean inválidos tras un eventual "cambio político" si no tienen aval legislativo.
Por pagos atrasados de bonos de deuda, Venezuela y PDVSA fueron declaradas recientemente en default por un grupo de acreedores y calificadoras de riesgo.
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A ello se suman los escándalos de corrupción en la industria petrolera, que aporta 96% de los ingresos del país. Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ambos exministros de Petróleo y expresidentes de PDVSA, fueron arrestados el jueves.
“No somos ingenuos”
Fracturas de la MUD por las negociaciones se hicieron patentes el martes pasado, cuando el Parlamento aprobó entre gritos de "traición" un informe en apoyo a los acercamientos.
Borges, presidente de la cámara, defiende la decisión de acudir a República Dominicana: "sabemos a lo que nos enfrentamos. No somos ingenuos", pero "es un deber" intentar que "se abra la cooperación internacional con medicinas y comida".
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Delegación opositora es respaldada por una docena de asesores entre los que figuran empresarios, sindicalistas y activistas de derechos humanos.
Que la prioridad sea lo económico no significa que vaya a descuidarse lo político. Según especialistas, los comicios presidenciales de diciembre de 2018 podrían adelantarse al primer trimestre, con lo que el gobierno aprovecharía las divisiones de la MUD.
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Pero tampoco es ajeno a fisuras el oficialismo. El analista político Axel Capriles considera que la purga en PDVSA refleja "una guerra interna" con la empresa como campo de batalla.