
Una jueza federal en Washington D.C. detuvo este viernes una de las estrategias más controversiales impulsadas por el expresidente Donald Trump para acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes. La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, emitió una orden que bloquea temporalmente la deportación sumaria de cientos de miles de personas que habían sido admitidas legalmente bajo programas humanitarios.
La decisión responde a una demanda interpuesta por organizaciones de derechos humanos, incluidas Chirla, UndocuBlack Network (UBN) y CASA, que argumentaron que la administración estaba vulnerando los derechos fundamentales de los inmigrantes al negarles el debido proceso, incluidas audiencias y acceso a representación legal.
¿A quiénes protege el fallo?
La medida protege particularmente a quienes llegaron a EE. UU. bajo programas como 'Operación Aliados Bienvenidos' y CHNV, un mecanismo instaurado en la era Biden que otorgaba permisos humanitarios a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela avalados por patrocinadores.
Últimas Noticias
Pese a haber ingresado legalmente, estos inmigrantes fueron recientemente blanco de deportaciones rápidas después de que la Casa Blanca revocara el programa CHNV en marzo de este año. Según las nuevas directrices, los beneficiarios tenían hasta el 24 de abril para encontrar otro estatus migratorio, o de lo contrario serían deportados.En su decisión, la jueza Cobs señaló que el gobierno cambió las reglas a mitad de camino, y eso va en contra de lo que establece la propia ley federal. Cuestionó además los métodos de detención utilizados, señalando que agentes vestidos de civil han detenido inmigrantes a la salida de tribunales y en puestos de control, sin explicación ni presentación de cargos.
Publicidad
"¿Cómo puede un país que dice ser refugio para los perseguidos comportarse de una forma que se asemeja a los regímenes de los cuales huyen?", escribió en su fallo.
Un revés más para la estrategia migratoria trumpista
Este bloqueo representa un golpe a la política migratoria de Trump, quien había elevado su meta de deportaciones a 800 personas por día como parte de una ofensiva nacional para reducir drásticamente la migración irregular.
Organizaciones como Chirla celebraron la decisión. “Los demandantes cumplieron con todo lo que el gobierno les pidió. Lo mínimo que merecen es la dignidad de ser escuchados en una corte”, afirmó su directora, Angélica Salas.
Publicidad
Desde CASA, su directora legal, Ama Frimpong, advirtió que la lucha continúa: “Este fallo es un respiro, pero no el final. Seguiremos luchando para que esta orden temporal se convierta en una protección permanente”. Además de esta acción judicial, el gobierno enfrenta otras dos demandas por la eliminación del programa CHNV, cuyo desmonte ha generado alarma entre activistas y comunidades migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó su cancelación señalando que no cumplía su propósito ni aportaba beneficios relevantes a la política pública.
El fallo de la jueza Cobs, sin embargo, evidencia que muchas de las medidas impulsadas por la administración para frenar la migración están siendo cuestionadas por los propios tribunales, poniendo en el centro del debate la legalidad y la humanidad de sus decisiones.
NOTICIAS CARACOL
Con información de EFE.