En Venezuela, organizaciones de derechos humanos exigen que se realice un procedimiento especial para encontrar las fosas comunes y los restos de personas asesinadas por las autodefensas de Colombia, de acuerdo con la declaración de Salvatore Mancuso. Además, exigen investigar a las autoridades civiles de la época, es decir, gobernadores y alcaldes de la zona fronteriza.
Ante la revelación que hizo el excomandante de las autodefensas Salvatore Mancuso, en audiencia con la JEP, sobre unos 200 cuerpos que habrían desaparecido o enterrado en fosas comunes en territorio venezolano, la ONG Provea exhortó en Twitter al Estado venezolano a investigar y solicitó citar a las autoridades civiles que gobernaron el Táchira en ese momento.
“Entre los años 2000 y 2004 en el Táchira entre las principales autoridades estaban: gobernador Ronald Blanco la Cruz, alcalde del municipio Bolívar José Ramón Vivas, alcalde de Ureña Jesús María Mendoza”, indicó el activista Marino Alvarado.
El defensor de derechos humanos del estado Táchira Walter Márquez propuso que la oficina del alto comisionado de la ONU conforme una comisión con autoridades de Colombia y Venezuela para investigar y aseguró que hay más víctimas.
“Estaríamos en presencia de más de 500 víctimas, además de las víctimas señaladas por Mancuso, superiores a 200 personas. También hay que investigar los crímenes cometidos o desapariciones forzosas a partir de agosto 2015, cuando se cerró la frontera, hasta enero de 2023”, dijo Walter Márquez.
Colombia y Venezuela acordaron proporcionar mecanismos institucionales rápidos y eficaces para localizar los restos mortales de víctimas del conflicto armado colombiano en la frontera común.
El canciller Álvaro Leyva, a través de un comunicado, detalló que la decisión fue tomada de acuerdo a lo dicho por Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar, en relación con los cuerpos de hombres y mujeres que fueron dejados “al otro lado del río” y que “están enterrados en territorio venezolano”.
El exjefe paramilitar solicitó a la Cancillería colombiana lograr un acuerdo bilateral con el Gobierno venezolano. Petición que fue tomada y luego aceptada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que encontrar los restos de los desaparecidos era reparar a las víctimas.
De otro lado, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, anunció que dieron de baja a tres integrantes del Clan del Golfo, entre ellos un colombiano, en medio de un operativo en la frontera para detener a grupos delincuenciales en las trochas.
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