Italia castigaría el feminicidio con cadena perpetua para “combatir una lacra intolerable”

El Senado de Italia aprobó por unanimidad el proyecto de ley que introduce el feminicidio como delito específico en el Código Penal, con una pena máxima de cadena perpetua, en una votación que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, algo muy inusual en la política italiana.

El texto, que obtuvo 161 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, además del aplauso unánime de todos los senadores presentes, pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, que se da por descontada.

“Italia es de los primeros países en seguir este camino, convencidos de que puede contribuir a combatir una lacra intolerable”, aseguró la primera ministra, la ultradrechista Giorgia Meloni, mientras que Elly Schlein, líder del progresista Partido Demócatra (PD), el mayor de la oposición, advirtió que “esta ley es solo un primer paso: ahora debemos avanzar con prevención, educación afectiva y un cambio cultural profundo”.

La votación responde al llamamiento a unir fuerzas que lanzó Schlein en mayo pasado, tras el asesinato de una joven de 14 años a manos de su exnovio que conmocionó al país, y al que Meloni se sumó desde un principio.

Las novedades de la ley contra el feminicidio en Italia

Según lo establecido en el nuevo artículo del Código Penal, se castigará con cadena perpetua en reclusión a quien cause la muerte de una mujer mediante actos de discriminación, odio, dominio o control por razón de género, o como represalia ante su negativa a iniciar o continuar una relación afectiva.

Entre los puntos destacados del proyecto se elimina el límite de 45 días para las intervenciones telefónicas en los casos más graves de violencia contra las mujeres y se establece que el ministro de Justicia deberá presentar anualmente un informe ante el Parlamento sobre la aplicación de las medidas contra el feminicidio y la violencia de género.

Además, la ley amplía la protección legal de los huérfanos de feminicidio, así como los criterios para acceder a indemnizaciones, extendiéndolos a menores cuya madre haya sido asesinada por el hecho de ser mujer, incluso cuando el agresor no mantenía una relación afectiva con la víctima. También se beneficiarán los hijos de mujeres que sobrevivieron a intentos de feminicidio, pero quedaron en condiciones que les impiden ejercer su rol parental.

Impone que se notifique de inmediato a las víctimas o familiares de las víctimas fallecidas cualquier decisión judicial que otorgue beneficios penitenciarios, medidas alternativas o salidas del centro penitenciario a los condenados por feminicidio u homicidio agravado.

El proyecto prevé además campañas de prevención, formación de magistrados y personal sanitario en violencia de género y doméstica, y sensibilización sobre el uso de sustancias que alteran la conciencia y pueden inducir conductas agresivas.

Penas en Colombia por feminicidio

Las condenas contra los feminicidas en Colombia van desde 250 meses a 500 meses (entre 20 y 41 años de cárcel), aunque podría aumentar hasta 600 meses (50 años) dependiendo del agravante, que incluye, según la ley:

• Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad.
• Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo.
• Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.
• Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual.
• Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima.
• Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico.

En 2024, el presidente Gustavo Petro firmó la Ley 2356, la cual elimina beneficios penales, “como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esto significa que las personas condenadas por feminicidio no podrán acceder a ninguna forma de reducción o alteración de su pena, excepto en casos de colaboración regulados por la ley”, explicó la Fundación Paz y Reconciliación.

Si es víctima de violencia de género, puede pedir ayuda en la línea 155, disponible las 24 horas; Línea Púrpura, habilitada por la Alcaldía de Bogotá, contactándose al 018000 112137, enviando un mensaje al WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo lpurpura@sdmujer.gov.co

También puede acudir a Profamilia, Fiscalías, Unidades de Reacción Inmediata (URI) o Comisarías de Familia.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE