Voy a seguir firme en mi cargo para defender la democracia, aseguró. Se espera que este miércoles se conozca la decisión del alto tribunal.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, anunciará a más tardar este miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo la señaló de mentir en afirmaciones contra magistrados.
"Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir", agregó Ortega.
Luego, la fiscal descartó someterse a un juicio "que no esté contemplado en la ley", con unos jueces que -aseguró- no son sus "jueces naturales".
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"Ese antejuicio perdió toda formalidad. Empezó como un antejuicio por faltas graves y terminó como una persecución penal", señaló en entrevista a Unión Radio.
El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.
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Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión política por las protestas opositoras, que dejan 94 muertos -con el fallecimiento de un joven de 17 años este martes- desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.
“Me decían que me iban a violar”: menor venezolana detenida en... Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.
Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la corte está "cantada" y rechazó asistir a la audiencia por considerar "ilegítimos" a los magistrados, nombrados por el anterior Parlamento chavista.
La fiscal aceleró una serie de imputaciones contra funcionarios civiles y militares, atizando el enfrentamiento con el gobierno.
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Este martes anunció que citará para imputar a "varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado" en favor de varias empresas y que "recibieron comisiones" por obras de la constructora brasileña Odebrecht que "nunca se concluyeron".
El Parlamento, de mayoría opositora, tenía previsto debatir este martes sobre el proceso de destitución contra la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al denunciar "restricciones" de la militarizada Guardia Nacional.
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Ésta iba a ser la primera sesión del Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de chavistas que hirió a siete diputados, según ellos con la complicidad de la Guardia Nacional.
Fiscalía imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir Lugo, a quien citó para el jueves.
También abrió una investigación contra 43 militares por supuestamente haber "despojado" de sus pertenencias a manifestantes en protestas, y citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos "sobreprecios" en la compra de suministros para la petrolera estatal PDVSA.