Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, explicó el resultado de la investigación sobre el uso de recursos reservados de la Fiscalía para hacer mejoras en la casa del fiscal Francisco Barbosa.
De acuerdo con los datos entregados por el contralor, fueron 578 millones de pesos los que se invirtieron en fortalecer el blindaje de la casa de Francisco Barbosa. Además, hubo un incremento de 19 mil millones a 51 mil millones en los gastos reservados del ente investigador en el año 2022.
La Contraloría enviará a la Comisión Segunda del Congreso de la República los detalles de la investigación, en la que se verificaron también los precios en el mercado de estos blindajes y los gastos de reserva hechos por la Fiscalía.
El blindaje se habría realizado por un tema de amenazas vigentes al fiscal Barbosa y no hay detrimento patrimonial en dichos gastos, dice el contralor.
“La Contraloría verificó que los precios de mercado y todo lo que pasó con ese y con todos los contratos estuvieron bajo la regla de precios que obliga a que no se pudiera concluir, por ejemplo, que había un sobrecosto en ello. Entonces, no es novedoso lo que se hizo, no hubo una irregularidad”, señaló Carlos Mario Zuluaga, contralor general encargado.
Ejecución presupuestal del gobierno
De otro lado, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga lanzó una alerta en materia de ejecución presupuestal sobre el actual gobierno. Dice que al revisar los resultados macroeconómicos del 2023 y las proyecciones de este año, resaltan en "la importancia de que haya rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal y que se brinde mayor claridad en rubros, como las partidas globales, dejando implícita su destinación específica”, para que algunos proyectos no queden ilíquidos como, por ejemplo, la primera línea del metro de Bogotá y otros proyectos fundamentales para las regiones.
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“De los gastos que están ahí, como montos globales que ascienden a 23 billones de pesos, debe tener claridad el órgano de control y el país de qué manera, en qué proyectos y cómo se van a liquidar en ese anexo técnico, para que podamos ejercer vigilancia. Por ejemplo, en aquellos proyectos que aparentemente van a estar bajo el liderazgo en su ejecución de acciones comunales o de operadores comunitarios, que tienen que tener la responsabilidad no solamente de cumplir estas obras, sino también de reportar la forma en la que se legaliza el gasto a la Contraloría General de la República”, puntualizó Zuluaga.
También dijo que el Gobierno está quedado en la ejecución presupuestal, que son 17,5 billones de pesos los que no se ejecutaron en la vigencia del 2023.
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