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Armando Benedetti, ministro del Interior, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín, respecto a la “verdad” sobre políticos que, según el alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro, dirían 16 exparamilitares que fueron designados gestores de paz. (Lea también: Benedetti asegura que Gobierno considera presentar reforma a la salud a través de consulta popular)
Fue en días pasados que Benedetti manifestó que, junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, “nos hemos reunido con los 16 gestores de paz y ellos se han comprometido con decir la verdad; verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia, sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos en el establecimiento, con quienes además son cómplices de varias muertes que se dieron en ese momento”.
“Ya veremos qué de todo eso termina siendo verdad. Muchos de esos actores que hicieron parte de esa violencia hoy todavía siguen vigentes o son recién aparecidos en la escena política y es importante que el país sepa qué clase de criminales son”, añadió.
Marín expresó su “objeción profunda frente al enfoque que allí se pretende impulsar” con lo revelado por el ministro Benedetti.
A consideración de la defensora, “el planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo, el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
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Asimismo, precisó que “las víctimas no son un escenario ni un decorado político. Convertir sus experiencias, sus pérdidas, en un insumo para generar efectos electorales es revictimizante. La exposición pública de su dolor sin un consentimiento informado, sin acompañamiento institucional y sin una arquitectura judicial y de garantía de reparación, revuelve las heridas abiertas”.
Reiteró que no se puede “pedir que el derecho a la verdad se convierta en un instrumento de presión política ni un mecanismo de campaña”, recalcando que “la verdad que se revela no debe depender del calendario electoral”.
“Cuando el ministro afirma que, abro comillas, es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato, cierro comillas, mezcla dos dimensiones distintas, la justicia y la política. Esa mezcla debilita la legitimidad del proceso de verdad, pues deja abierta la sospecha de que la revelación se hará o no según intereses tácticos, políticos y electorales”, señaló la defensora.
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Tras lo anterior, hizo “un llamado urgente al Gobierno, al Ministerio del Interior, al consejero Comisionado para la Paz y al Congreso, así como a todos los actores institucionales, a que no se adelanten estos procesos con protagonistas armados por fuera del marco judicial al que se sometieron cuando se desmovilizaron, de protección y de participación plena para las víctimas. Que la revelación de la verdad no sea una herramienta política más, sino una conquista colectiva de justicia, reparación y no repetición centrada en los derechos de las víctimas”.
Luego de escuchar estas declaraciones, Benedetti reaccionó y criticó a la defensora diciendo: “¿O sea que ella no quiere la verdad? Ahora, si no quiere la verdad no puedo hacer nada con ella. Porque si uno no quiere la verdad de los paras, lo que pasa en el país, uno puede ser hasta cómplice”.
Pero también cuestionó el mapa de riesgo electoral que presentará la Defensoría del Pueblo, en el que señala que habría 600 municipios afectados, algo que no coincide con las cifras del Gobierno, que citan 104 municipios concentrados en cinco departamentos.
Estos son, según Benedetti, “en las que hay problemas de orden público, donde hay cultivo de coca, producción de coca, en el Catatumbo, Norte de Santander; en López de Micay, en El Plateado, que es Cauca; el sur del Valle del Cauca, en Nariño y algo en Chocó, pegado a lo que es Magdalena Medio”.
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Pero “la Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”, afirmó el ministro.
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