La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
La JEP informó que imputará por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc, entre los que se encuentran cuatro miembros del secretariado del grupo ilegal, entre los que se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko. Además de él, también enfrentarán cargos: Milton De Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra, alias El Médico o Mauricio Jaramillo, y Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada. (Lea también: JEP explica por qué permitió la salida de Rodrigo Londoño del país, tras críticas de De la Espriella)Los imputados eran integrantes de los bloques Sur y Oriental, los más grandes de las antiguas Farc que, según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, “operaban en 15 departamentos. Estamos hablando de casi la mitad de Colombia”.La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, fue más específica y dijo que los crímenes se cometieron en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada, el oriente de Boyacá y zonas del nororiente de Caquetá, zona de operación del Bloque Oriental. Además, en Huila, Putumayo, Nariño, Amazonas, el oriente del Cauca y zonas limítrofes entre Meta y Caquetá, donde operó el Bloque Sur.¿De qué crímenes los acusan?“De acuerdo con lo indagado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los comparecientes fueron determinantes para la ejecución de los planes de la guerrilla, tenían mando sobre la tropa y autoridad para castigar a los subalternos”, señala el alto tribunal. Respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, indica que se trata de: “asesinatos y masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual contra civiles. También se les llama a reconocer responsabilidad por dirigir ataques intencionales contra la población y objetos protegidos (como escuelas y hospitales) en tomas guerrilleras y atentados”. Añade: “La imputación abarca el uso de métodos prohibidos como matar o herir a traición, atacar misiones médicas que usan el emblema de la Cruz Roja, destruir bienes indispensables para la población (como acueductos) y el uso indiscriminado de minas antipersonal”.“La justicia transicional colombiana pudo esclarecer los crímenes, establecer responsabilidades, cómo sucedieron los hechos, las lógicas y patrones criminales”, señaló el presidente de la JEP, quien sostuvo que “es la radiografía más completa y profunda que se ha realizado en Colombia”, explicando que se cruzan dos macrocasos: “El 10, que son violaciones al derecho internacional humanitario, y el 11 que es relacionado con violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida por las Farc”.Aseguró que “en la justicia ordinaria, el 97,94 % de estos crímenes no tenían condenas y el 90 % de los casos estaban en etapa preliminar”. De acuerdo con el magistrado Ramelli, es la primera vez que los integrantes del secretariado de las extintas Farc y quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos hechos.El togado también hizo referencia a las víctimas, 2.436 “de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Estamos hablando de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por dinámicas de control social y territorial; estamos hablando de pastores de iglesias cristianas y evangélicas, sacerdotes católicos, soldados, policías, familias buscadoras y sobre todo víctimas pertenecientes a la Fiscalía -fiscales, investigadores- que fueron igualmente victimizados. Además de algunas figuras públicas de connotación nacional”, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, el profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros.Asimismo, la imputación “recoge tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores, así como masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, Huila, o los de Puerto Rico, Caquetá. Además, establece responsabilidades por atentados como el del Club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los atentados contra Germán Vargas Lleras”, o “el atentado de 2003 con un 'caballo bomba' en Chita, Boyacá, donde murieron ocho personas, entre ellas un niño, y donde más de 30 personas quedaron heridas. Muchas de ellas tienen secuelas permanentes como lesiones auditivas, visuales y físicas irreversibles”, indicó la JEP.Ramelli fue enfático en decir que “nunca se ha investigado tanto a las Farc como se ha hecho y este auto es una prueba más”, al recordar la primera sentencia de la JEP por 21 mil secuestros y otros casos que ha procesado el alto tribunal, con los que “hoy ya alcanzaríamos la cifra de 109 exintegrantes de las antiguas Farc considerados máximos responsables”. (Lea también: A diez años del acuerdo de paz, Santos, Defensoría y JEP defienden el proceso)¿Qué pasará tras la imputación a los exintegrantes de las Farc?La JEP informó que los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad por los hechos imputados o rechazarlos. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.La Jurisdicción, además, ordenó a los imputados “que aporten toda la información faltante que esté a su disposición, tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques, de los que ha identificado 241 casos. “Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados podrán dar la cara a la justicia, a las víctimas y al país”, explicó.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, arremetiera contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y contra Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en las extintas Farc, porque se le concedió un salvoconducto para un viaje a España con el fin de participar en unas conferencias, el alto tribunal se pronunció. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella. Por su parte, la JEP confirmó que Londoño ya regresó al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. (Lea también: Rodrigo Londoño tras las declaraciones de De la Espriella: "Firmes por la paz con justicia social")“La JEP continuará ejerciendo con independencia sus funciones”A través de un comunicado, el alto tribunal aclaró “que las autorizaciones para la salida temporal del país otorgadas a comparecientes sometidos a esta Jurisdicción constituyen una prerrogativa prevista dentro del régimen de condicionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y las decisiones adoptadas por los magistrados competentes”.“Las solicitudes de salida del país son evaluadas de manera individual por la autoridad judicial correspondiente, la cual analiza cada caso con base en criterios objetivos, el cumplimiento del régimen de condicionalidad y las obligaciones asumidas por cada compareciente. En consecuencia, la autorización o negación de estos permisos responde exclusivamente al ejercicio de la función judicial y no constituye un tratamiento preferencial para ningún compareciente o grupo en particular”, agregó, explicando que “el trámite de solicitud de permisos de salida temporal del país está reglamentado en el Decreto 2125 de 2017 y de la Resolución 011 de 2018, en los cuales se establecen los requisitos y las justificaciones jurídicas para la solicitud de estos permisos temporales en el marco de la Constitución y la ley”.Recalca que “estas decisiones no se otorgan exclusivamente a exintegrantes de las extintas Farc-EP. La Jurisdicción ha autorizado salidas del país a comparecientes de diferentes calidades, entre ellos, antiguos altos mandos de la fuerza pública, terceros civiles, agentes del Estado y exintegrantes de las Farc-EP, y en ninguna ocasión se han producido incumplimientos al régimen de condicionalidad”.En el caso de Rodrigo Londoño, informó “que su solicitud de autorización de salida del país fue radicada el 25 de mayo de 2026 y autorizada el 18 de junio; es decir, antes de que quedara en firme la sentencia del Caso 01 en segunda instancia, el 1 de julio. Esta solicitud fue tramitada conforme al procedimiento previsto por la Jurisdicción y evaluada por la Sección de Reconocimiento Verdad del Tribunal para la Paz”, ya que fue invitado “por la Federación de Partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida, para participar en un seminario sobre el trabajo entre Europa y la Comunidad de Países Andinos”.Aseguró que el exguerrillero “se presentó ante la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP este martes 14 de julio de 2026”, y adjuntó el material correspondiente para corroborar la información. (Lea también: Las implicaciones de los anuncios que hizo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño y la JEP)POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
Rodrigo Londoño, último jefe de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, se pronunció en sus redes sociales luego de que este lunes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, criticó la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Me encuentro en la JEP reportando mi retorno al país", escribió Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, y agregó: "Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas".Los últimos jefes del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC que firmaron el acuerdo de paz en 2016 con el Estado colombiano pidieron este martes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, "encontrar caminos" que permitan cumplir con la implementación del tratado del que se conmemorarán diez años en noviembre. "Le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra", dice una carta firmada por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, último jefe de las FARC.En la misiva que también suscriben Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, los excombatientes piden a De la Espriella que el Estado cumpla con el compromiso contraído el 24 de noviembre de 2016 cuando el entonces mandatario Juan Manuel Santos (2010-2018) firmó el acuerdo. "Esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil, comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política, entre otros, como lo reza el Acuerdo de Paz firmado", señalan.La carta de los antiguos jefes de las FARC se conoce horas después de que el presidente electo arremetiera contra Timochenko y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que ese tribunal le concediera un salvoconducto para un viaje a España para participar en unas conferencias."Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella.La JEP confirmó este martes que Londoño ya regresó al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo.NOTICIAS CARACOL
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, criticó este lunes la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio al último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella, quien agregó que "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".Londoño, es importante recordar, firmó en noviembre de 2016 con el entonces presidente, Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz y se ha sometido a la justicia de la JEP, que impone penas restaurativas, que no implican cárcel, a quienes colaboran con el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado.Las declaraciones de De la Espriella han generado varias reacciones, entre ellas la del exconsejero presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque, Emilio Archila, quien subrayó en entrevista con Noticias Caracol la magnitud de la implementación y los riesgos legales de incumplir los compromisos del Estado.Archila enfatizó que el proceso de paz va mucho más allá de la justicia transicional, y que involucra a millones de personas y vastos territorios. Según el exconsejero, la implementación implica atender a "10 millones de víctimas", gestionar la reincorporación de "15.000 excombatientes que se entregaron al Estado" y apoyar a "más de 150.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos".Para Archila, este proceso requiere de una "altísima gerencia que debe depender directamente del presidente", enfocada en los 170 municipios cobijados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales buscan sacar de la pobreza a cerca de "7 millones de colombianos".Ante los mensajes de mano dura enviados por De la Espriella, Archila reveló que existe una gran preocupación entre quienes dejaron las armas. "Están muy asustados... muchos de ellos quieren hablar directamente con el presidente, quieren transmitirle la ilusión, el entusiasmo con el cual han venido asumiendo su proceso de reincorporación", afirmó en conversación con este noticiero.El exconsejero hizo una distinción clara entre la base de excombatientes y las disidencias, y sañaló que a los primeros "el país les debe la protección, les debe seguirlos apoyando", mientras que a las disidencias, a las que calificó de "salvajes" y "extraquetos", se les debe combatir.Sobre la intención del presidente electo de encarcelar a Rodrigo Londoño, Archila recordó que el Estado realizó una negociación validada por el Congreso e incorporada en la Constitución. Y advirtió que desconocer estos compromisos no será sencillo: "Va a requerir un proceso jurídico muy complejo para analizar si es posible simplemente decirles 'No señores ahora ya no vamos a cumplir con lo que el Estado les prometió'".Y aunque reconoció que muchos sectores consideran que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ha tenido la celeridad esperada, Archila recalcó que "es parte de la institucionalidad colombiana". De igual forma, recordó que la Corte Constitucional determinó que estos acuerdos deben implementarse durante un periodo de 25 años para lograr la transformación efectiva de los territorios.Londoño este martes certificó ante la JEP su regresó al país, luego que se cumplió el permiso que le dio el tribunal para viajar a España. Se espera que también asista a un congreso internacional que convoca la Contraloría General de la República para hacer un balance de los 10 años del acuerdo de paz, en el que comparte escenario con el expresidente Santos. En un mensaje en sus redes sociales, Londoño le respondió a De la Espriella. "Mi mensaje para el país, las víctimas del conflicto armado y el señor De la Espriella: hemos cumplido rigurosamente el Acuerdo de Paz y lo seguiremos haciéndolo. Firmes por la paz con justicia social y las víctimas", escribió en sus redes sociales.Este lunes, De la Espriella también anuncióla eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales. "Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", manifestó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.Según el presidente electo, que asumirá el próximo 7 de agosto, entre los cargos que eliminará también están la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa."A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", agregó De la Espriella, crítico de la política de 'paz total' del presidente saliente, Gustavo Petro.El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes que marca un antes y un después en la historia del conflicto armado en Colombia, los antiguos máximos cabecillas de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para admitir una de las prácticas más crueles de su guerra: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.Por primera vez, el secretariado de la antigua guerrilla reconoció no solo el haber arrebatado la infancia a miles de menores de edad, sino también la comisión de crímenes sexuales dentro de sus filas. (Lea también: Duros relatos de víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual en filas de las Farc)Este reconocimiento se dio en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento, presentó una radiografía desgarradora de este flagelo. Lo que comenzó como una investigación con apenas 150 casos, hoy ha escalado a una cifra que estremece al país: 18.677 víctimas documentadas entre 1971 y 2016.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Sueños arrebatados: el caso de una joven que no pudo celebrar sus 15 añosUno de los momentos más emotivos del proceso judicial fue el relato de la magistrada Rueda sobre una menor que personifica la tragedia de miles. "La niña fue reclutada justo antes de cumplir los 15 años y el sueño de esta familia y el sueño de la niña era poder celebrar los 15 años; no lo pudieron hacer porque ella fue reclutada y murió en combate a los pocos días", narró la magistrada.Este caso refleja el nivel de reparación simbólica que busca la justicia transicional. Ante la imposibilidad de devolverle la vida, la madre de la menor hizo una petición inusual pero profundamente humana: "Lo que nos pidió la mamá fue hacerle una celebración de 15 al momento que le entregáramos los restos, y lo hicimos", puntualizó Lily Rueda.La confesión del último comandanteRodrigo Londoño, conocido anteriormente como 'Timochenko' y último comandante de la organización guerrillera, asumió la responsabilidad colectiva por estos hechos. "Hoy vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños y niñas en Colombia y no hay discurso que pueda reparar eso", afirmó, reconociendo que el grupo que dirigió expuso permanentemente a los menores de edad a un contexto hostil que facilitó violencias de género, planificación obligatoria y abortos forzados.Junto a Londoño, otros exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo firmaron una carta en la que aseguraron: "Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores".Radiografía del reclutamiento en cifrasEl informe de la JEP revela que el fenómeno no fue aislado, sino una política de crecimiento de personal. Los datos son contundentes:Picos de reclutamiento: Los años 1999, 2002, 2007 y 2013 registraron la mayor actividad de este crimen.Edades: El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos al momento de ser reclutado.Género: El 54% eran niños y el 22% niñas (en el 24% restante no se especificó el sexo).Desaparecidos: Un alarmante 31% de las víctimas registradas aún no han sido localizadas.Añade que Meta fue el departamento donde más se registraron víctimas, con 5.132 casos (24%); luego están Antioquia, con 2.187 (10%), y Guaviare y Caquetá, cada uno con 8% .El abandono estatal y las comunidades étnicasLa magistrada Lily Rueda enfatizó que este crimen floreció en la ruralidad debido a la precaria presencia del Estado. Según la magistrada, los niños reclutados carecían de acceso a salud y educación, lo que facilitó que los grupos armados establecieran relaciones profundas con las comunidades.La tragedia también golpeó con fuerza a las comunidades étnicas. Se registraron 9.027 víctimas colectivas pertenecientes a seis pueblos étnicos (cinco indígenas y uno afrocolombiano), quienes quedaron atrapados en una guerra ajena.¿Es suficiente el perdón?A pesar de la importancia histórica del reconocimiento, para muchas víctimas el perdón llega tarde. La magistrada Rueda admite que existe indignación, pero defiende el modelo de justicia restaurativa. "Incluso las víctimas más contradictorias encuentran algo de valor en el proceso que hacemos y participan, me dicen incluso ‘me siento mejor después de este diálogo’", explicó. (Lea también: ExFARC y exmilitares transforman fosa común en Palmira en espacio de memoria y reconciliación)Hoy, Colombia enfrenta el reto de explicarles a los "hijos de la guerra" lo que sucedió, mientras busca a cerca de 480 niños que todavía permanecen desaparecidos en las entrañas de la selva y el olvido.***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
Las guerrillas modernas de Colombia no son más que narcos "despolitizados" y el actual gobierno de izquierda les dio "oxigenación", dijo Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko, el último comandante de las FARC. El exguerrillero fue recientemente condenado a ocho años de trabajos sociales por miles de secuestros cometidos en el conflicto armado antes de firmar un histórico acuerdo de paz en 2016. El pacto no cesó la violencia y el actual mandatario Gustavo Petro intenta apagarla con negociaciones.Custodiado por un fuerte esquema de seguridad y junto a su equipo de trabajo, la mayoría excombatientes a los que llama "camaradas", fuma un cigarrillo según él para calmar los nervios que aún le provocan las entrevistas. "Desafortunadamente (este gobierno) no elaboró una estrategia clara en función de cómo neutralizar a estos grupos. Más bien se les dio espacio y oxigenación política", declaró el ahora político de 66 años en un bar de cerveza artesanal fabricada por excombatientes y espacio en Bogotá dedicado a las víctimas.El acuerdo de paz mitigó por un tiempo la violencia, pero una década después Colombia vive una explosión de grupos armados que recrudecen la guerra con atentados bomba, drones explosivos y el magnicidio de un precandidato presidencial. A un año de terminar su mandato, la mayoría de los frentes de negociación abiertos por Petro están en punto muerto.Las disidencias de las FARC que se apartaron del pacto de paz están "muy despolitizadas", "han evolucionado a bandas con narcotráfico a nivel internacional", explica Londoño. Cercano a Petro, el ahora presidente del partido Comunes fue víctima de un atentado en 2020, orquestado por su otrora amigo y ahora líder disidente Iván Márquez. Cuenta que intentaron matarlo infiltrándose en su esquema de seguridad y el temor a un asesinato persiste."Es muy preocupante por los discursos de odio que hay en algunos sectores estigmatizantes", aseguró y denunció inconformidad con la elección de algunos guardaespaldas estatales. Rodrigo Londoño fue guerrillero desde los 17 años, el último jefe de 13.000 hombres y mujeres integrantes de una organización guerrillera que buscó sin éxito el poder y dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles.Timochenko desestima el liderazgo de su antiguo camarada y hoy disidente Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y comparado por Petro con el barón de la cocaína Pablo Escobar. "Mordisco era un guerrillero común. No era un gran comandante o un hombre de mucha capacidad política", aseguró sobre el guerrillero que rechazó el acuerdo y en agosto ordenó explotar un camión bomba que dejó seis muertos en Cali.Rodrigo Londoño llegó a tener más de cien órdenes de captura por delitos de secuestro, extorsión y terrorismo de los que se dice arrepentido. Sobrevivió a bombardeos, emboscadas en la selva y la muerte de todos sus comandantes en la guerrilla. Negociador del acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos, asegura que se han cometido errores en los diálogos con la guerrilla guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN).El Nobel de Paz "Santos les dio un tratamiento de segunda" y "eso en una negociación es bien complejo", explicó sobre los rebeldes que han intentado sin éxito la paz con seis gobiernos. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Londoño se mantiene optimista respecto a una victoria de la izquierda aunque se abstiene de participar en la contienda. "Colombia ya es otra Colombia. No puede, no va volver a eso", dijo sobre la posibilidad de un triunfo de la derecha.JEP sentencia a exsecretariado de las Farc a 8 años por el delito de secuestroLa semana pasada el tribunal de paz (JEP) dictó las primeras condenas contra los siete miembros de la antigua cúpula de las Farc. Ingrid Betancourt, secuestrada por más de seis años, dijo que planea apelar la sentencia en instancias internacionales por considerarla una burla. "Son heridas muy profundas (...) el daño que se hizo es irreparable, pero trabajemos en función de que no se vuelva a repetir", dijo Londoño.La JEP tardó siete años en emitir su fallo y él tiene pendientes otros casos por delitos como reclutamiento de menores. La demora lo tiene "asustado" porque "se nos termina la vida". Conoció el estrés cuando salió de la selva y cree que nunca se terminará de adaptar a Bogotá. En otra vida le habría gustado ser profesor y siente los "achaques y los años", pero no planea retirarse de la política. Acaba de terminar el libro "Rusia, mi padre y yo" de Svetlana Stalin, hija del dirigente soviético y en lo que le resta de vida le gustaría tener más tiempo para leer y seguir compartiendo con su hijo de seis años.AGENCIA AFP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este martes a siete exjefes de las FARC a sanciones restaurativas de ocho años como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" con la que esa guerrilla aterrorizó al país durante décadas. Los sancionados, que no irán a la cárcel, son los integrantes del último secretariado de las FARC, que fueron "declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas".Los siguientes son los antiguos miembros de la última cúpula de las FARC, que pagarán sus penas con trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas antipersona, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó la JEP.1. Rodrigo Londoño, TimochenkoRodrigo Londoño, de 66 años, fue el rostro político de las FARC en 2016 al ser el último comandante jefe de las FARC y quien firmó la paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos. Londoño ingresó a la guerrilla en 1976 y asumió la jefatura en 2011 tras la muerte de su antecesor, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en una operación militar.La justicia ordinaria acumuló más de cien órdenes de captura en su contra, anuladas tras el acuerdo, y la JEP lo responsabilizó de ordenar y justificar los secuestros como mecanismo de financiación y presión política. Hoy es el presidente de Comunes, partido político fundado por excombatientes de las FARC tras la firma del acuerdo de paz.2. Pablo CatatumboNacido en 1953, militó desde joven en la Juventud Comunista y se vinculó a las FARC a los 19 años. Fue comandante del Bloque Occidental y miembro pleno del secretariado. Tras participar en las negociaciones en La Habana, fue designado para ocupar uno de los escaños en el Senado que el acuerdo de paz adjudicó al partido Comunes por dos periodos legislativos que terminarán en julio de 2026.La JEP lo señala de avalar secuestros de militares y civiles como el de los diputados del Valle del Cauca en 2002 en el que once de ellos fueron asesinados, y lo responsabilizó de homicidios, desapariciones y tratos crueles contra prisioneros.3. Pastor AlapeDe 66 años, ingresó a la guerrilla en 1979 y fue comandante de los Bloques Magdalena Medio y Noroccidental de las FARC. En 2023 fue candidato a la alcaldía de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia (noroeste) por el Partido Comunes, pero obtuvo una pobre votación. La JEP le atribuye haber impulsado la política financiera basada en secuestros extorsivos y permitir retenciones de civiles para control social y territorial en varios departamentos del país.4. Milton de Jesús Toncel, Joaquín GómezEra profesor universitario en el sureño departamento de Caquetá antes de entrar en 1984 a las FARC, donde llegó a ser jefe del Bloque Sur y miembro del secretariado. Reconoció ante la JEP su papel en el cautiverio de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y de su compañera de fórmula Clara Rojas, y fue acusado de ordenar secuestros con fines extorsivos, así como ejecuciones de rehenes.5. Jaime Alberto Parra, el MédicoSe unió a las FARC en 1978 mientras estudiaba medicina. Fue comandante del Bloque Oriental, el más fuerte militarmente, y miembro del Secretariado desde 2008. La JEP lo responsabilizó de avalar y ejecutar secuestros de civiles y militares, así como de las condiciones inhumanas de cautiverio que sufrieron miles de personas. Víctimas como Ingrid Betancourt le han exigido explicaciones sobre la falta de atención médica durante su cautiverio.6. Julián Gallo, Carlos Antonio LozadaFue responsable de las redes urbanas de las FARC y del Frente Antonio Nariño en Bogotá. Ingresó al secretariado en 2011 y, tras la firma de la paz, se convirtió en uno de los senadores por el partido Comunes. La JEP lo responsabilizó de consolidar la política de secuestros extorsivos desde los años 90 y de haber participado en decisiones sobre el canje de militares y policías retenidos.7. Rodrigo Granda, Ricardo TéllezConocido como el canciller de las FARC por su papel en la Comisión Internacional de esa guerrilla que brindaba asistencia a guerrilleros exiliados o que viajaban al exterior. Detenido en Caracas en 2004, recuperó la libertad en 2007 y regresó al secretariado. La JEP lo declaró coautor mediato de la política de secuestros, en particular los de carácter económico, pese a que alegó no tener mando de tropa directo.Además de la condena de hoy, la JEP lo investigará por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinsky, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, crimen perpetrado en 2004 en ese país. Según la JEP, hay pruebas de vínculos de las FARC, por medio de Granda, con el brazo armado del partido Patria Libre, considerado el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).EFE
Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, el último comandante de las FARC, ha lanzado un llamado urgente al presidente colombiano, Gustavo Petro. A través de su cuenta en X, Londoño pidió al mandatario tomar acciones inmediatas para garantizar la paz y asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este llamado se produce en un contexto de creciente preocupación por la implementación de dicho acuerdo y la seguridad de los excombatientes.Londoño expresó su preocupación por la situación actual de la paz en Colombia, destacando que el país atraviesa "horas difíciles" y que es importante que el presidente Petro tome medidas correctivas urgentes. "Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", escribió Londoño, subrayando la responsabilidad del mandatario en este proceso.(Lea también: Petro llamó "malditos" a congresistas que hundieron reforma tributaria y Efraín Cepeda pidió respeto)Además, Londoño criticó al gobierno por no haber entregado la renta básica prometida a miles de firmantes del acuerdo de paz que están en proceso de reincorporación. "Gentes humildes que siguen firmes con la paz a pesar de la adversidad", señaló, exigiendo el desembolso inmediato de estos fondos. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los excombatientes, quienes dependen de esta renta para su subsistencia.1 de 5 fue el hilo de X que le expuso Londoño al presidente Gustavo PetroLondoño también se mostró sorprendido y crítico ante la propuesta de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre el modelo de sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Londoño, la propuesta emula colonias penales, lo que cuestiona la visión de justicia para la paz del gobierno actual. "¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?", preguntó retóricamente, poniendo en duda la efectividad y humanidad de dicha propuesta.Otro punto alarmante señalado por Londoño fue el asesinato de cuatro firmantes de paz en diciembre, elevando el total a 443 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo. Una cifra que refleja la vulnerabilidad y el riesgo constante que enfrentan quienes decidieron dejar las armas y apostar por la paz. Londoño exigió garantías de seguridad para estos firmantes, enfatizando la necesidad de proteger a quienes han confiado en el proceso de paz.El mandato de paz de Gustavo PetroLondoño recordó que el pueblo eligió a Gustavo Petro con la esperanza de consolidar la paz en Colombia. La piedra angular de su política de Paz Total era el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC-EP. "Pido que honre el Acuerdo y el mandato popular que lo eligió presidente", concluyó Londoño, haciendo un llamado a la coherencia y al compromiso del presidente con sus promesas de campaña.(Lea también: Gustavo Petro prepara cambios en su gabinete: estos son los 6 ministros que saldrían del Gobierno)Desde su llegada a la presidencia en 2022, Petro ha enfrentado múltiples desafíos en su intento por implementar el Acuerdo de Paz. Las negociaciones con los grupos armados han avanzado lentamente y la implementación parcial del acuerdo ha sido objeto de críticas. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de acciones concretas y urgentes para asegurar la paz y la estabilidad en Colombia.Desafíos y oportunidades para la paz en ColombiaEl llamado de Londoño resalta los desafíos persistentes en el camino hacia una paz duradera en Colombia. La implementación efectiva del Acuerdo de Paz es crucial no solo para la seguridad de los excombatientes, sino también para la reconciliación y el desarrollo del país. La administración de Petro tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz mediante acciones decisivas que aborden las preocupaciones planteadas por Londoño y otros actores involucrados en el proceso.
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en las épocas de la guerra, habló con María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol, sobre los ocho años del acuerdo de paz entre la otrora guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. "Hace ocho años firmamos este acuerdo, un acuerdo no para nosotros, no en función de favorecernos, como tendenciosamente algunas voces lo han querido dar a entender de que está en función de favorecernos a nosotros, de privilegiarnos, de buscar impunidad. No, este es, en buena medida, un proyecto de país y, por tal, es el país que lo debe asumir hoy. En estos años está el acuerdo más vivo, incluso mucho más vivo que en otros aniversarios", recalcó Londoño, ahora presidente del Partido Comunes.(Lea también: víctimas del conflicto estudiaron medicina en Cuba y volvieron a Colombia)Según el excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el actual Gobierno levantó la bandera de la paz y marcó el "propósito de la implementación a rajatabla, dijo el presidente Petro, de este acuerdo". Eso, en palabras de Timochenko, "ha permitido entenderlo más en su poder transformador y muchos sectores de la sociedad colombiana, lo hemos venido viendo y sintiendo, también están entendiendo el poder transformador de este acuerdo y por lo cual se está trabajando en función de su implementación en su letra y en su espíritu, que es muy importante".En cuanto a la reincorporación de excombatientes y su vinculación a la sociedad, Rodrigo Londoño subrayó en Noticias Caracol en vivo que se ha avanzado, "no como quisiéramos, no como supondría uno que a ocho años de la firma debería estar ya, no digo al 100%, pero sí es un porcentaje mucho mayor a lo que está ahora. Pero está avanzando y se han tomado decisiones en estos últimos días muy importantes, como la prolongación en el tiempo del plan marco de implementación, algo que a nosotros nos llena de satisfacción y nos permite decir que comenzamos a ver una lucecita al final del túnel".¿Cómo califica el papel del Gobierno Petro en la implementación del acuerdo con las FARC?Ha habido críticas, en todo caso, a la administración Petro por la implementación de lo pactado con las FARC. ¿Por qué? Ante esta pregunta de María Alejandra Villamizar, Timochenko respondió: "El presidente recibió la implementación muy mal. Recuerden que tuvimos un gobierno (Duque) que tenía como bandera hacer trizas los acuerdo de paz. No ha sido fácil incluso para el mismo presidente, digo yo, comprender y entender el poder transformador de este acuerdo en su letra y en su espíritu, pero creo que la dinámica, las mismas críticas que hemos hecho, públicas algunas, la gran mayoría las hemos hecho de manera reservada y los escenarios que corresponde y lo seguiremos haciendo, cada que lo veamos, porque por una crítica no se destruye un proyecto político y menos un proyecto como este de construir paz en Colombia a partir de la reconciliación de los colombianos". Agregó Rodrigo Londoño que en el Partido Comunes y entre los desmovilizados recibieron con satisfacción el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior. Recalcó respecto al jefe de Estado que "sabemos vemos que tiene muchas dificultades, lo entendemos, lo comprendemos, pero se van haciendo los ajustes en el camino. Hay gente que a veces se atraviesa de manera no tendenciosa, o por agendas personales, pero creo que esa la conversación y que comience a funcionar la institucionalidad del acuerdo, que ha sido uno de los temas más difíciles". Insistió quien firmó la paz con Juan Manuel Santos en que las 310 páginas del acuerdo "hacen parte de la Constitución del país y son un instrumento muy importante para el presidente y para los demás funcionarios a la hora de ir a implementar lo que allí está planteado. Eso está comenzando a coger forma". Rodrigo Londoño cuestiona demoras de la JEPMaría Alejandra Villamizar le recordó a Rodrigo Londoño que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a FARC por dos delitos muy graves, el reclutamiento de menores de edad y la violencia sexual, y que eso generó algunos reparos. Al respecto, el exguerrillero acotó: "No hemos sido sancionados. Es la gran frustración nuestra y la gran frustración del país y la frustración del mundo. En el caso 01, del secuestro, ya estuvimos en la audiencia pública, que fue una audiencia de cara a la sociedad colombiana, y esta es la hora que todavía no aparecen las sanciones. Todavía hay magistrados que siguiendo investigando algo que ya reconocimos. Si ya reconocimos algo, ¿por qué se va a seguir investigando? Sobre ese tema del reclutamiento, cuánto hace que estuvimos en audiencia con los magistrados haciendo el reconocimiento de que fue un hecho que sí, que no debió haber pasado. Por eso estamos diciendo: hombre, ya es hora de que aparezcan las sanciones".Finalmente, Rodrigo Londoño defendió el proceso de La Habana y lo firmado en el Teatro Colón de Bogotá, un pacto que permitió poner fin a casi 60 años de una confrontación armada que tiñó de muerte y luto a Colombia. "Yo acabo de hacer una gira por Europa en función de hablar del acuerdo y aquí los colombianos no valoramos como, valga la redundancia, valoran en el mundo este acuerdo... cómo preguntan, las inquietudes que genera, en un momento en que el mundo se está sumiendo en la guerra, en el conflicto, la barbarie de Gaza, lo de Ucrania y todos los demás conatos de conflictos. Y se está viendo y lo dicen personalidades muy importantes del mundo, este acuerdo es una lucecita que nos da al mundo la posibilidad de buscar caminos para resolver los conflictos a partir del diálogo y de la conversación".(Lea también: excombatientes de las FARC se preparan para competencia de rafting en Chile)
Desafiantes y televidentes conocieron de primera mano, en el más reciente capítulo del Desafío XX, la historia de reincorporación de una integrante de las extintas FARC a la vida civil. Paola hizo parte del equipo Tino como desafiante de la semana.¿Quién es Paola, exintegrante de las FARC que pasó por el Desafío?Cuando Paola llegó a la casa del equipo Tino, compartió con sus compañeros su historia de vida. "Yo hice parte de las FARC. En el 2016 el Gobierno y las FARC hicieron un diálogo y se firmó la paz, entonces hay nace la palabra de que somos firmantes del acuerdo de paz y yo soy persona en proceso de reincorporación".Paola detalló que, tras la desmovilización, se ha estado desempeñando como enfermera. "Me ingresé a los 17 y salí cuando tenía 27, que fue en el 2016. Ahora estoy aportándole a la paz, estudiando, trabajando con las comunidades en la reconciliación".Exguerrilleros celebraron representación de Paola en el Desafío XXEl paso de Paola, exguerrillera de las FARC, no pasó desapercibido por los seguidores del reality de Caracol Televisión, ni por los demás firmantes del acuerdo de paz. Rodrigo Londoño, firmante y actual presidente del partico Comunes, reaccionó en su cuenta de X.Londoño celebró públicamente la posibilidad de que un desmovilizado contara su historia y participara en el reality. "Hoy en el Desafío The Box vimos a Paola, enfermera, firmante de paz y en proceso de reincorporación en Arauca. Esa es la Colombia que soñamos, donde podamos encontrarnos todos, dejando a un lado los odios y tendiendo los puentes de la reconciliación. ¡Viva la paz!".De la misma forma, desde el partido Comunes compartieron la historia de la mujer en sus redes sociales. "Colombia pudo conocer una nueva historia de reincorporación. Son miles de hombres y mujeres que hoy trabajan por la reconciliación y le apuestan a una reincorporación que les permita cumplir sus sueños en sociedad. Exguerrillera, enfermera y constructora de paz desde Arauca para toda Colombia".
El asesinato de la niña venezolana Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el barrio J. J. Rendón de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, mantiene consternada a la ciudadanía. Tras la captura del presunto responsable, la atención se centra en las investigaciones del caso y los señalamientos de antecedentes violentos de José Rojas Larez, señalado homicida de la menor.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl tío de la menor rompió el silencio para expresar el profundo dolor de la familia y cuestionar con dureza la respuesta inicial de la Policía Nacional tras la desaparición de la pequeña. Según explicó, el pasado lunes 14 de septiembre, luego de que el agresor se llevara a la niña sin autorización, la hermana de la menor acudió inmediatamente al CAI Porvenir del Río, ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, para instaurar la denuncia.Sin embargo, el familiar denunció que los uniformados del CAI no le prestaron la atención debida ni le brindaron una solución inmediata ante el caso de violencia e intrafamiliar y rapto que denunció la hermana de la niña.De acuerdo con su testimonio, en lugar de activar de manera instantánea los protocolos y rutas de búsqueda estipulados para la protección de menores de edad, las autoridades policiales se negaron a actuar al instante e indicaron que debía esperarse a que se cumplieran 24 horas de la desaparición.Consternado, el familiar calificó lo sucedido como un hecho devastador y expresó que vivirán para siempre con los recuerdos de la niña, a quien describió como un angelito e inocente criatura que no merecía perder la vida de esa forma. “Es algo doloroso. No se lo deseo a nadie. Solo quien lo vive es quien lo siente y mi llamado es para las autoridades: que hagan con más celeridad las cosas y que no quede impune, que no sea un caso que se archive más”, mencionó.¿Qué pasó antes de la desaparición de la menor?El relato del tío de la menor reveló que Rojas Larez tuvo discusiones con su pareja al parecer por celos. “Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento”, contó.(Lea: ¿Quién es el señalado asesino de niña hallada en una alcantarilla de Bogotá? Nuevos detalles)También manifestó que las hermanas bajaron pidieron ayuda tras lo ocurrido. “Eso fue el lunes en la mañana. Ella se dirige el CAI que está en el río en donde no le prestan atención, donde no le dan una solución inmediata. Mientras que ella pone esa queja, que fue una violencia intrafamiliar, en vez de actuar se quedan y no le pone la atención. No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es un menor, sino que esperaron a que se cumpliera 24 horas”, insistió el familiar.Asimismo, hizo un llamado vehemente a la población de Bogotá para solidarizarse y ayudar activamente en la búsqueda cuando ocurran hechos similares. Actualmente, los parientes adelantan una colecta solidaria de fondos con el objetivo de reunir el dinero necesario para trasladar el cuerpo de Ana Lucía a su natal estado Zulia, en Venezuela, donde esperan darle sepultura.¿Quién es José Rojas Larez? El perfil del presunto homicidaLas investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y el CTI permitieron identificar plenamente al sospechoso como José Rojas Larez, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años.Rojas Larez era una persona cercana al núcleo familiar de la víctima, pues mantenía una relación sentimental como pareja de la hermana mayor de la niña. Los hechos se desencadenaron la mañana del lunes en un apartamento del barrio Porvenir Río, en Mosquera, donde el señalado sostuvo una fuerte discusión por celos con su pareja.En medio de un ataque de ira, causó destrozos en la vivienda y posteriormente se llevó a la menor de ocho años a bordo de una motocicleta. Sistemas de videovigilancia de la zona captaron el recorrido de Rojas Larez desplazándose en la motocicleta con la niña como parrillera por la calle 13, ingresando luego al barrio Casandra, en la localidad de Fontibón. Tres minutos después, los mismos registros audiovisuales mostraron que la motocicleta salió del sector conducida por Rojas Larez, pero ya sin la presencia de la menor.NOTICIAS CARACOL
Las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas o cámaras salvavidas, siguen siendo uno de los mecanismos más controvertidos de control vial en Bogotá. Mientras las autoridades defienden su utilización como una herramienta para reducir la siniestralidad y promover el respeto por las normas de tránsito, las cifras de recaudo continúan alimentando el debate sobre su verdadera efectividad.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATADurante un debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, el concejal Marco Acosta reveló cifras que muestran cuáles son las cámaras que más ingresos generan por fotomultas en la capital. Según la información presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad, tres dispositivos ubicados en dos importantes corredores viales acumularon cerca de $7.920 millones en recaudo durante 2026.¿Cuáles son las vías de Bogotá donde más imponen fotomultas?De acuerdo con los datos expuestos durante el debate, las cámaras con mayores ingresos están ubicadas en los siguientes puntos:Avenida NQS con Calle 22A, sentido norte-sur.Avenida NQS con Calle 22A, sentido sur-norte.Avenida Calle 80 con Carrera 114.Según explicó Acosta, estas tres cámaras acumularon cerca de $7.920 millones durante 2026, convirtiéndose en los puntos de mayor recaudo por fotodetección en la ciudad. Además, los 10 puntos con mayores ingresos por comparendos electrónicos sumaron aproximadamente $15.038 millones, una cifra que evidencia la concentración de sanciones en algunos corredores estratégicos de Bogotá. Las cifras presentadas en el cabildo distrital revelan que la infracción C29, relacionada con exceder los límites máximos de velocidad permitidos, concentra la gran mayoría del recaudo obtenido por las cámaras salvavidas. De hecho, entre 2022 y 2025 esta conducta representó entre el 88,6% y el 93,4% de los ingresos generados por los sistemas de fotodetección. Esto significa que la principal función de estos dispositivos continúa enfocada en vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las vías de la ciudad, especialmente en corredores con alto flujo vehicular.Más de dos millones de comparendos en cuatro añosDurante el debate también se conoció la dimensión que ha alcanzado el sistema de cámaras de fotodetección en Bogotá. Según la información oficial divulgada en la sesión, entre 2022 y 2025 se impusieron 2.184.809 comparendos mediante estos dispositivos, equivalentes a cerca de 1.500 sanciones diarias. En términos económicos, el recaudo acumulado entre 2022 y abril de 2026 llegó a aproximadamente $760.647 millones. Asimismo, los valores derivados de la imposición de comparendos superan el billón de pesos, de acuerdo con la información presentada por la administración distrital.Durante la discusión en el Concejo de Bogotá, Marco Acosta planteó la necesidad de evaluar si el crecimiento en el número de comparendos y en el recaudo está acompañado por mejoras verificables en materia de seguridad vial. La discusión ocurre en un contexto en el que la ciudad sigue enfrentando altos niveles de accidentalidad. Entre 2022 y 2025, Bogotá registró 2.207 siniestros con fallecidos y 48.208 siniestros con lesionados, según los datos expuestos durante el debate. Por ello, uno de los principales puntos de la discusión ha sido determinar qué tan efectivas resultan las cámaras para modificar comportamientos de riesgo y reducir la ocurrencia de accidentes en sus zonas de influencia.Bogotá tendrá nuevas cámaras de fotodetecciónLa polémica alrededor de las fotomultas cobra aún más relevancia porque la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras en nueve puntos de la ciudad. Según la entidad, estos dispositivos permitirían reducir la siniestralidad y evitar cientos de lesionados durante los próximos años.Mientras avanza esa expansión, la Avenida NQS con Calle 22A y la Avenida Calle 80 con Carrera 114 se mantienen como los puntos que más ingresos generan por fotomultas en Bogotá durante 2026. Las cifras reveladas durante el debate liderado por Marco Acosta vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de un sistema que sigue siendo objeto de discusión entre conductores, expertos en movilidad y autoridades distritales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Las autoridades hicieron efectiva la captura de José Rojas Larez, un ciudadano venezolano señalado como el presunto responsable del asesinato de la niña Ana Lucía González Mendoza, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa menor, de nacionalidad venezolana y de 9 años, se encontraba de vacaciones en Colombia visitando a su hermana en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, antes de regresar a su país para retomar sus clases escolares de cuarto grado. El pasado lunes 14 de septiembre, tras una fuerte discusión al parecer por celos entre la hermana de la niña y su pareja en su apartamento, el hombre causó destrozos en la vivienda y posteriormente se llevó a la menor sin autorización a bordo de una motocicleta.Aunque la hermana acudió a reportar la situación ante el CAI Porvenir del Río en Mosquera, la familia denunció que los uniformados no activaron inmediatamente la ruta de búsqueda. Por su parte, la Alcaldía de Mosquera reportó que las labores de localización se adelantaron mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente bajo la Alerta Rosa.Hallazgo e identificación del sospechosoEl martes 15 de septiembre, varios niños que jugaban cerca de una montaña alertaron sobre la presencia del cuerpo de la niña dentro de un conducto hídrico o alcantarilla en el barrio J. J. Rendón, de la localidad de Ciudad Bolívar. Personal de la Policía, la Fiscalía, el CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos atendieron el caso y remitieron los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal para los exámenes correspondientes.Mediante el análisis de los sistemas de videovigilancia del sector de Porvenir Río en Mosquera y el trabajo articulado con las autoridades de Fontibón, los investigadores lograron individualizar al sospechoso, identificándolo como José Rojas Larez, pareja sentimental de la hermana de la menor, y trazaron la ruta de acción que habría seguido.Lea además:¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad respondeRojas Larez, de 29 años, fue capturado frente a la URI de Paloquemao, a donde llegó para rendir indagatoria sobre la desaparición de la niña. Para ese momento, no había orden de captura; pero con el pasar de los minutos salió dicho documento para adelantar ese proceso.Imputación de cargos y clamor familiarTras la captura de Rojas Larez, las autoridades confirmaron que enfrentaría cargos por feminicidio. Ante la tragedia, los allegados de la menor pidieron celeridad a las autoridades judiciales para que el crimen no quede impune. De igual forma, la familia ha emprendido una colecta solidaria de fondos con el propósito de trasladar el cuerpo de la niña al estado Zulia, en Venezuela, donde esperan realizar su sepelio.Las autoridades investigan los movimientos de Rojas Larez para conocer qué pasó con la menor y cómo ocurrieron los hechos. Además, se investiga si otra persona tuvo que ver con la muerte de Ana Lucía. Por su parte, Medicina Legal realiza labores para conocer las causas del deceso de la menor de edad.NOTICIAS CARACOL
Colombia se encuentra en luto luego de la confirmación del fallecimiento de cuatro profesionales de la salud y el piloto de una aeronave de una misión humanitaria que se precipitó a tierra el 13 de septiembre. El equipo había viajado al municipio de Condoto, en el departamento del Chocó, para brindar atención médica a 600 personas afectadas por un reciente terremoto. Las autoridades encontraron este miércoles sin vida a los cinco ocupantes del avión Cessna T-206 de matrícula HK4985, confirmó el presidente, Abelardo de la Espriella. La aeronave despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 a.m. sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAA bordo del avión viajaban cinco personas impulsadas por su vocación de servicio: Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica; Julissa Figueredo, radióloga, y Mehmet Cankaya, experimentado capitán y piloto de la aeronave. En la mañana del domingo 13 de septiembre, tras cumplir la brigada de salud, la tripulación abordó la aeronave en el aeropuerto Mandinga de Condoto con la intención de regresar a sus hogares en Bogotá. Desde la pista y a bordo del avión, la enfermera jefe Sandy García le envió una última fotografía a su madre con el mensaje: "Ya en camino". En la imagen la enfermera se ve sonriente. Par de minutos después, compartió un video alejándose del centro poblado y luego otra grabación sobrevolando la espesa selva chocoana.Julieth González, familiar de la enfermera, habló sobre su pérdida y su vocación: "Es una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Esto es muy duro, la verdad", afirmó, y recordó la pasión de Sandy para ejercer su trabajo. "Nosotros siempre nos dábamos cuenta que ella se iba a sus brigadas por sus estados (en redes sociales), por las fotos de sus estados, ella tomaba muchos registros fotográficos; era apasionada por su profesión y un vivo ejemplo para su familia. Le gustaba muchísimo apoyar las brigadas e incluso mi hija sigue su profesión en este momento. Ella también es enfermera", agregó.El capitán Mehmet Cankaya, por su parte, se reportó antes de despegar enviándole a su esposa la fotografía de una perrita callejera que pretendía adoptar. Su esposa relató en Noticias Caracol días antes del hallazgo: "Me mandó foto de la perrita entonces en ese momento le envié un corazoncito le dije 'Feliz viaje de regreso'. Y fue la última comunicación que tuvimos nosotros como familia".Poco después del despegue, la aeronave desapareció del radar de las autoridades al precipitarse a tierra en los cerros del Parque Nacional Tatamá, en la Cordillera Occidental, zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Las labores de localización se extendieron durante cuatro días bajo severas precipitaciones y en una geografía hostil. Desde un helicóptero UH60 Black Hawk de la Fuerza Aérea (FAC) se divisaron las primeras partes del avión siniestrado en la ladera del cerro. Las fuertes lluvias y el terreno impidieron un aterrizaje. Vía terrestre, campesinos, indígenas, bomberos y la Defensa Civil avanzaron cruzando ríos y caminando horas con equipos de campaña. Mediante una grúa de rescate de un helicóptero de la FAC descendió un primer equipo cerca del fuselaje, pero no halló a la tripulación. Sobre la dificultad de la zona, un rescatista explicó: "Los restos están en una zona de una geografía difícil. En esta parte del país, la Cordillera Occidental, la montaña tiene un ángulo de incidencia muy alto lo cual dificulta el movimiento de las personas que ya insertamos".El miércoles un nuevo grupo de rescatistas fue insertado en otro punto y localizó los cinco cuerpos sin vida. Un vocero de la comunidad local declaró "que aquellas personas que vinieron a nuestro municipio a tratar de salvar vidas con esa labor humanitaria han perdido la de ellos de regreso a casa y toda nuestra solidaridad".El proceso de recuperación de los restos mortales está en desarrollo a cargo de una unidad de rescate de la FAC y la guardia indígena. La operación se torna compleja debido a la espesa selva y a que los cuerpos se encuentran a una altura aproximada de 2.700 metros sobre el nivel del mar, el límite de altitud al que pueden aproximarse las aeronaves. No hay una fecha ni hora definida para concluir la extracción debido al terreno agreste y al mal tiempo de los últimos días. En el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, las autoridades activaron la alerta amarilla hospitalaria para acondicionar el lugar donde se recibirán los cuerpos, mientras las asociaciones médicas de todo el país expresan su luto oficial.NOTICIAS CARACOL
James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en la victoria 3-2 sobre Inter de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El volante, que en esta ocasión lleva la número 23, dio la asistencia del tercer tanto verdolaga en la última acción del partido. Como era de esperarse, el estreno del cucuteño generó múltiples reacciones, entre ellas las de sus propio director técnico, Lucas Gonzáles.Al estrate del 'verde paisa' le preguntaron en rueda de prensa sobre el estreno de jugador con pasado en Real Madrid y se regó en elogios. Creo que el legado que ha construido James Rodríguez en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándolo afuera, ya es inmenso. Difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años. Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, sobre todo yo, de tenerlo desde el rol de entrenador de todos. Fui el más contento al saber que él podía venir acá y de que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara. Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Al balón le gusta que él lo consienta; se siente diferente. Decía usted que los compañeros tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él. Yo los entiendo: si yo estuviera jugando, haría lo mismo. Ahora solamente lleva cuatro entrenamientos con nosotros. Su último partido había sido con la Selección Colombia, en el Mundial. Hoy vemos, lógicamente, que esa calidad está intacta. Va a aportarle mucho a Atlético Nacional y al fútbol colombiano. Vamos a disfrutar de una bonita aventura el tiempo que él esté con nosotros", dijo con una sonrisa en el rostro. González también se mostró satisfecho, pero busca seguir puliendo la idea que quiere implementar. "La identidad la estamos construyendo desde el juego. Hay muchos aspectos por corregir, pero, si hay algo en lo que hemos hecho énfasis desde que llegamos nosotros, es en lo que significa ser valientes y en lo que te exige una camiseta como esta. Esta camiseta pesa mucho, no es para todo el mundo, y el que se la pone tiene que salir a ganar en cualquier estadio donde estemos. Cada partido tiene sus errores, como hoy, que no me gustó que perdiéramos el control del juego. Después de que remontamos, pudimos controlar mejor el balón y no prestárselo al rival. Armamos un partido abierto innecesariamente", concluyó.