El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, criticó este lunes la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio al último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, para un viaje a España a participar en unas conferencias. "Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó De la Espriella, quien agregó que "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".
Londoño, es importante recordar, firmó en noviembre de 2016 con el entonces presidente, Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz y se ha sometido a la justicia de la JEP, que impone penas restaurativas, que no implican cárcel, a quienes colaboran con el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado.
Las declaraciones de De la Espriella han generado varias reacciones, entre ellas la del exconsejero presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque, Emilio Archila, quien subrayó en entrevista con Noticias Caracol la magnitud de la implementación y los riesgos legales de incumplir los compromisos del Estado.
Archila enfatizó que el proceso de paz va mucho más allá de la justicia transicional, y que involucra a millones de personas y vastos territorios. Según el exconsejero, la implementación implica atender a "10 millones de víctimas", gestionar la reincorporación de "15.000 excombatientes que se entregaron al Estado" y apoyar a "más de 150.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos".
Para Archila, este proceso requiere de una "altísima gerencia que debe depender directamente del presidente", enfocada en los 170 municipios cobijados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales buscan sacar de la pobreza a cerca de "7 millones de colombianos".
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Ante los mensajes de mano dura enviados por De la Espriella, Archila reveló que existe una gran preocupación entre quienes dejaron las armas. "Están muy asustados... muchos de ellos quieren hablar directamente con el presidente, quieren transmitirle la ilusión, el entusiasmo con el cual han venido asumiendo su proceso de reincorporación", afirmó en conversación con este noticiero.
El exconsejero hizo una distinción clara entre la base de excombatientes y las disidencias, y sañaló que a los primeros "el país les debe la protección, les debe seguirlos apoyando", mientras que a las disidencias, a las que calificó de "salvajes" y "extraquetos", se les debe combatir.
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Sobre la intención del presidente electo de encarcelar a Rodrigo Londoño, Archila recordó que el Estado realizó una negociación validada por el Congreso e incorporada en la Constitución. Y advirtió que desconocer estos compromisos no será sencillo: "Va a requerir un proceso jurídico muy complejo para analizar si es posible simplemente decirles 'No señores ahora ya no vamos a cumplir con lo que el Estado les prometió'".
Y aunque reconoció que muchos sectores consideran que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ha tenido la celeridad esperada, Archila recalcó que "es parte de la institucionalidad colombiana". De igual forma, recordó que la Corte Constitucional determinó que estos acuerdos deben implementarse durante un periodo de 25 años para lograr la transformación efectiva de los territorios.
Londoño deberá certificar ante la JEP su regresó al país, luego que se cumplió el permiso que le dio el tribunal para viajar a España. Se espera que también asista a un congreso internacional que convoca la Contraloría General de la República para hacer un balance de los 10 años del acuerdo de paz, en el que comparte escenario con el expresidente Santos.
Este lunes, De la Espriella también anuncióla eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales. "Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", manifestó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.
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Según el presidente electo, que asumirá el próximo 7 de agosto, entre los cargos que eliminará también están la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.
"A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", agregó De la Espriella, crítico de la política de 'paz total' del presidente saliente, Gustavo Petro.
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El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".
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