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Chuzadas a exniñera de Laura Sanabria: ¿quién dio la orden para la interceptación ilegal?

La Fiscalía entregó nuevos detalles que contradicen la versión de la Policía Nacional sobre las chuzadas a las dos exempleadas de Laura Sarabia, la saliente jefa del gabinete presidencial.

¿Quién dio la orden de chuzar a la exniñera de Laura Sarabia?

En el escándalo de laschuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sanabria, y otra extrabajadora de la hasta ahora jefa del gabinete lo que aún falta por establecer es quién dio la orden para la interceptación ilegal.

En la versión de la Fiscalía, la historia de las chuzadas empezó el 26 de enero de este año cuando un funcionario de la Dijín solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas por una investigación contra el Clan del Golfo en Chocó, un proceso hasta ese momento legal.
Tres días después, el 29 de enero, Laura Sarabia y su esposo presentaron una denuncia por el robo de 4.000 dólares.

“La señora Laura Sarabia y su esposo se dan cuenta de que falta en su residencia una maleta, al parecer que contenía una suma de dinero de 4.000 dólares, equivalente a lo manifestado por la señora Sarabia”, dijo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

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Al día siguiente, el 30 de enero, según lo revelado por Barbosa, el caso se asigna a una fiscal en Bogotá. De inmediato, dijo el funcionario, ella recibió la solicitud para interceptar dos líneas telefónicas, la de la niñera y la empleada de Laura Sarabia. De acuerdo con el fiscal, su funcionaria se negó y, ante eso, la solicitud de interceptación se hizo de otra manera, en Chocó.

“Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la policía judicial de la Dijín rápidamente produjo ese mismo día un informe en donde incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza y de la señora Fabiola”, indicó Barbosa.

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Dicho informe, de acuerdo con las pruebas recolectadas por el ente investigador, aseguraba que una fuente anónima relataba que las líneas de Marelbys Meza y Fabiola pertenecían a dos presuntas integrantes del Clan del Golfo, conocidas con los alias de ‘La Cocinera’ y ‘La Madrina’, razón por la cual se pidió interceptar sus teléfonos.

Interceptan utilizando un informe ilegal, un informe de fuente no formal. Señalan que ‘La Cocinera’, que la persona Marelbys Meza, es la cocinera de alias ‘Siopas’ y dicen que esta señora vive en el corregimiento de Tagachí, Chocó. Luego el otro número telefónico, de la otra empleada que le ayudaba a la señora Laura Sarabia y que no fue ordenada la interceptación por la fiscal del caso, la definen en el informe de policía judicial como una encargada de hacerle giros de plata, comprarle comida y llevar memorias con información y con órdenes impartidas por un comandante”, agregó el fiscal.

En dicho informe de la Dijín se resaltaba la necesidad de interceptar estas líneas por la siguiente razón, según reveló la Fiscalía: “Cabe mencionar que se tiene certeza y seguridad de la información aportada por la fuente humana, toda vez que es de confianza de algunos cabecillas e integrantes de la organización criminal (…) Asimismo, esta persona aportó información, la cual fue verificada ante los organismos judiciales y de inteligencia”.

Estos documentos habrían inducido a un error al fiscal de Chocó, a quien se le solicitó la interceptación luego que la fiscal de Bogotá se negara a hacerlo.

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“Con base en estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos mujeres”, anotó el ente investigador.

Para la Fiscalía, las dos mujeres fueron interceptadas por 10 días, contrario a lo que informó la Policía, que señaló, también mediante comunicado, que las exempleadas fueron escuchadas solo por tres días por orden de un fiscal.

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El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín”.

Se espera que este analista, que trabaja en Chocó, rinda su versión ante la Fiscalía.

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