Hay expectativa por la decisión de Estados Unidos frente a la lucha antidrogas en Colombia. Nuestro país enfrenta el fantasma de la descertificación, entre récords de incautaciones de cocaína, la caída en la erradicación y la presión del país norteamericano por un cambio. Y es que recientemente las tensiones diplomáticas entre ambos países alcanzaron un punto álgido, cuando Colombia y Estados Unidos amenazaron con retirar temporalmente a sus embajadores como muestra de reproche mutuo. El drama transcurrió entre amenazas y la incertidumbre de la decisión anual de la certificación antidrogas, de la cual Colombia pende de un hilo y revive fantasmas del pasado.
Las descertificaciones de 1996 y 1997 dejaron cicatrices. La crisis política del Gobierno del expresidente Ernesto Samper tras el proceso 8.000, que reveló la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial, hizo que la Casa Blanca, bajo la administración de Bill Clinton, retirara la certificación y endureciera las medias diplomáticas bajo el argumento de que el Gobierno Samper carecía de credibilidad frente al narcotráfico. "Cada uno tiene una responsabilidad. Que si queremos reducir, ojalá acabar el problema de las drogas, tiene que haber un diálogo, una concertación entre los que consumen la droga, que pagan por ella, y los que finalmente ofrecen el producto final", afirmó Camilo Reyes, excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos.
Un año después, la descertificación se repitió, según Estados Unidos, porque Colombia seguía con un papel poco determinante en la lucha contra las drogas.
Recientemente, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque la certificación estuvo condicionada, es decir la ayuda internacional estuvo sujeta a estricta vigilancia y subordinada a compromisos relacionados con la extradición o la erradicación. Andrés González, exembajador de Colombia ante la OEA, señaló que "hay que obrar entorno a la inteligencia diplomática y no de las vanidades. Por eso lo importante del Plan Colombia, o del plan Paz, de los grandes acuerdos entre Colombia y Estados Unidos para enfrentar ese enemigo enorme que es el de la delincuencia transnacional y organizada".
Colombia puede enfrentarse a su tercera descertificación que afectaría los niveles de cooperación y confianza bilateral. Este año la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ha puesto sobre la mesa un informe incómodo, que señala que Colombia concentra el 67% de los cultivos mundiales de coca y en 2023 su producción se disparó un 53%. Sin embargo, la administración del presidente Gustavo Petro se defiende y dice que en 2024 incautó 960 toneladas de cocaína.
"En la medida en que la producción de droga aumenta en el país, que es lo que ha venido ocurriendo en Colombia, pues las probabilidades de que las incautaciones suban son muy grandes. Entonces uno no puede simplemente limitarse a demostrar que sí están incautando más cantidades de droga o más tonelada de droga porque lo que uno está ocultando ahí es que se está produciendo más toneladas de droga, entonces no realmente un buen resultado", afirmó Yesid Reyes, exministro de Justicia.
La erradicación forzosa, considerada clave para la Casa Blanca, se desplomó. Hasta julio de 2025 solo se habían erradicado 3.636 hectáreas, muy por debajo de la meta de 50.000. Ad portas de la decisión del gobierno de Estados Unidos, el presidente Petro recientemente puso sobre la mesa volver a la aspersión aérea.
"Sería un gran error. Perjudicaría al pueblo de los Estados Unidos y en Colombia, las mafias en Colombia, las mafias internacionales están creciendo, se están organizado y hay que enfrentarlas. Y para enfrentarlas hay que estar unidos, sería insensato. Aquí lo que necesitamos esfuerzos comunes en inteligencia, en las fuerzas militares en la policía y en las zonas donde hay economías alternativas", consideró Andrés González, exembajador de Colombia ante la OEA.
Se estima que Colombia por cuenta de una eventual descertificación podría perder cerca de 210 millones de dólares anuales en cooperación, ademas enfrentar bloqueos crediticios en organismos multilaterales y aranceles.
Camilo Reyes, excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, explicó que "las consecuencias de la desertificación terminan afectando a la parte sana de la economía, acaban afectando es o por tarifas o por impedimentos, o por desplazamiento de la gente, o porque se afecta a la industria Colombia, las exportaciones colombianas, cualquiera de esas decisiones lo que hace es darle duro a la parte sana de la economía".
El país aguarda ahora el veredicto de la Casa Blanca. De este dependerá la continuidad de la cooperación internacional en temas de seguridad, paz, desarrollo y la estrategia antidrogas.
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