Consejo de Estado inadmite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe Turbay

El Consejo de Estado inadmitió este viernes la demanda que solicitaba la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, promovida por dos sindicatos del sector Defensa, al considerar que la acción fue presentada por personas jurídicas, que no acreditó la condición de congresista del acusado y que contenía inconsistencias de fondo como dirigir la solicitud contra el Congreso y no exclusivamente contra el senador.El auto inadmisorio, con fecha de este jueves 26 de junio y firmado por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra -a quien le fue asignada por reparto-, presidente de la Sala 22 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, otorgó un plazo de tres días hábiles para corregir la demanda. Entre los requisitos incumplidos, el máximo tribunal administrativo señaló que la solicitud fue promovida por el abogado Carlos Alberto Sánchez Grass en nombre de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el sindicato Sinsergen, ambas con representación en el sector Defensa y con personas jurídicas que no tienen legitimación para presentar este tipo de acciones.La Sala señaló que solo pueden promover este medio de control las Mesas Directivas del Congreso (es decir, del Senado o la Cámara de Representantes) o ciudadanos colombianos en nombre propio, pues se trata de una acción pública con naturaleza de juicio sancionatorio de responsabilidad subjetiva. "La legitimación en la causa por activa es restrictiva, dada su naturaleza", concluyó el magistrado Álvarez. Tampoco se anexó la acreditación de Uribe Turbay como senador expedida por la Organización Electoral Nacional, una exigencia establecida en el artículo 5 de la Ley 1881 de 2018. Para el Consejo de Estado, ese documento es imprescindible para dar certeza sobre la calidad del congresista demandado y constituye una garantía procesal. Y agregó que aunque la demanda identificaba como acusado a Uribe Turbay, también se dirigía contra el Congreso, lo que va en contra de la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, que debe concentrarse únicamente en el congresista. La acción judicial que radicaron los dos sindicatos alegaba que Uribe Turbay, quien es precandidato presidencial del partido Centro Democrático, incurrió en actos de campaña anticipada. Según el documento, el senador habría participado en eventos proselitistas el 7 de junio en Bogotá, cuando aún no estaba habilitado legalmente para promover su candidatura a otro cargo de elección popular. Y acusa al congresista, quien hoy se debate entre la vida y la muerte, de haber usado su cargo como senador para obtener ventajas políticas indebidas, infringiendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En particular, lo señalan por haber pronunciado discursos, realizado reuniones y difundido en redes sociales su aspiración a otro cargo, lo cual –según los demandantes– violó los principios de imparcialidad y equidad electoral.El Ministerio de Defensa se pronunció este viernes y señaló que las "declaraciones o acciones" de los sindicatos "no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta cartera". "Como institución del Estado, tenemos el deber de proteger a todos los colombianos, así como de evitar y rechazar cualquier forma de revictimización, especialmente contra quienes han sido blanco de la violencia. Nadie que haya sufrido un atentado debe ser señalado ni instrumentalizado con fines personales, políticos o judiciales", se lee en un comunicado.La Asociación Nacional de Servidores Públicos Civiles No Uniformados al Servicio del Ministerio de Defensa (ASERVIDEM), otro sindicato del sector Defensa, se sumó a esas voces de rechazo, al considerar que esta acción judicial se radicó "en el momento menos oportuno". "Presentar una demanda contra una persona que se encuentra en cuidados intensivos, luchando por su vida, constituye un acto de profunda insensibilidad humana que va en contra de los principios básicos de solidaridad y respeto por la dignidad humana", afirmaron en un comunicado.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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El tribunal consideró que la acción fue presentada por personas jurídicas, que no acreditó la condición de congresista del acusado y que contenía inconsistencias de fondo.

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