¿Quiénes están detrás de la demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe Turbay?

Una demanda que llegó el pasado 20 de junio a instancias del Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia, causó indignación en las filas del partido Centro Democrático y en algunos sectores de la sociedad. Se trata de una acción judicial por pérdida de investidura contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien el pasado 7 de junio fue víctima de un atentado en Bogotá cuando un sicario de 15 años de edad le disparó en repetidas ocasiones y desde entonces permanece en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe en estado "grave", según el reporte más reciente de esa clínica. Como lo dio a conocer Noticias Caracol en su sección Código Caracol este miércoles, la demanda está en etapa de admisión y por reparto le fue asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado. Se espera que en los próximos días se conozca la decisión de esa autoridad judicial.

Por lo pronto, el Centro Democrático emitió un comunicado este jueves en el que "rechaza con total indignación la infame y oportunista demanda presentada contra el senador Miguel Uribe Turbay". El partido señala que "resulta inaceptable que, mientras lucha por su vida tras un intento de magnicidio, sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa".

¿Quién está detrás de la demanda y cuáles son los argumentos?

Pero, ¿quién está detrás de esta demanda y cuáles son sus argumentos? Pues bien, la demanda fue radicada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el sindicato Sinsergen. La primera es, según su sitio web, "una organización sindical conformada por Sindicatos Seccionales y Federaciones Regionales y Nacionales pertenecientes a todos los sectores de la economía en el sector privado, público, informal, urbano y agrario". Fue fundada en 1935 y, asegura, "defiende los derechos humanos y propugna su protección y promoción. Practica y defiende la democracia, política, economía y social, y promociona la construcción de un verdadero estado social de derecho y de bienestar". Por su parte, Sinsergen es un sindicato del Ministerio de Defensa fundado en 2002 que busca "acabar con la esclavitud generada por la permanente disponibilidad dentro del Ministerio como también acabar con el creciente acoso laboral en todas sus formas".

La persona detrás de la acción judicial es Carlos Alberto Sánchez Grass, quien la radicó a nombre de los dos sindicatos. Activo en redes sociales como Tiktok y YouTube, Sánchez Grass es un destacado líder sindical de amplia trayectoria. Es crítico de los gobiernos de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque y en la actualidad es directivo del sindicato del Ministerio de Defensa.

Los demandantes afirman en el documento que Uribe Turbay adelantó actos de precampaña política el 7 de junio de 2025 -el día que se produjo el atentado-, antes del periodo oficial establecido por la Registraduría Nacional, incurriendo así en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El precandidato, "en ejercicio activo de su investidura", participó en reuniones públicas, pronunció discursos y difundió publicaciones en redes sociales para promover su aspiración a un nuevo cargo de elección popular, señala la demanda de los sindicatos, que agrega que Uribe Turbay "utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener ventajas políticas indebidas".

En la demanda se menciona que esas actividades fueron difundidas por medios de comunicación y redes sociales, y que por tanto se solicita que sean reconocidas judicialmente como "hechos notorios" e insisten en que "no se trata de una simple irregularidad administrativa, sino de una infracción sustancial al orden constitucional". Según el texto, "por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo". Y apunta en otro argumento que "el riesgo surgió como consecuencia directa de una conducta prohibida, y en ningún caso puede invocarse como defensa frente a la transgresión del marco jurídico". Los demandantes consideran, además, que el riesgo a su integridad personal no exime al senador y precandidato de su responsabilidad constitucional, pues "el ordenamiento jurídico protege la vida humana, pero no tolera el abuso de poder desde una curul".

Los demandantes sustentan su acción en los artículos 180 y 183 de la Constitución, que prohíben a los congresistas intervenir en actividades que comprometan su imparcialidad o usen su cargo para fines personales. También citan normas de la Ley 5ª de 1992 y del Código General Disciplinario, en las que se contempla como falta gravísima "utilizar el cargo para favorecer intereses políticos propios". "El servidor público, por su condición, debe abstenerse de realizar actividades políticas proselitistas que puedan comprometer la imparcialidad, transparencia y equidad del proceso electoral", cita el escrito, tomando palabras de la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011 y señalando que Uribe Turbay vulneró con su conducta los principios de imparcialidad, moralidad e igualdad electoral.

En la demanda también se incluyen a conceptos pasados del Consejo de Estado y cita la sentencia del 14 de julio de 2016, que advierte que "el uso del cargo de congresista para realizar actividades proselitistas implica una clara violación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades, y vulnera el principio de igualdad electoral". En las conclusiones de la acción judicial se señala que "el senador sabía perfectamente que sus actos de promoción política anticipada estaban prohibidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia", pero que "actuó con dolo, voluntad deliberada y conciencia del ilícito constitucional que cometía (...) No hay inmunidad ni escudo moral en la imprudencia política".

Así las cosas, los demandantes le piden al Consejo de Estado que declare la pérdida de investidura del senador Uribe Turbay por "violar de manera deliberada y grave el régimen constitucional", al usar su investidura "para beneficiarse electoralmente en detrimento del equilibrio democrático". "El Congreso no puede ser refugio del privilegio ni plataforma del abuso", se lee en el documento.

El Centro Democrático cuestionó que el argumento de los demandantes no solo es absurdo, sino profundamente indignante. "Aseguran que el senador estaba haciendo proselitismo político el día del atentado, como si eso justificara el ataque o lo hiciera responsable de lo ocurrido. ¡Qué despropósito!", señaló ese partido en el comunicado que emitió este jueves.

A la fecha, la Fiscalía y la Policía Nacional adelantan la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial. Tres personas han sido capturadas y una más aprehendida. Esta última es el sicario adolescente. Los otros tres son Katerine Martínez, quien recogió y entregó el arma al sicario; Carlos Eduardo Mora, el hombre que condujo vehículo clave en la logística, y William González, otro de los conductores de la operación. Las autoridades ahora buscan a alias El costeño, cuyo nombre es Elder Arteaga, señalado de ser el principal coordinador del ataque.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL