Fiscalía acusa a exministra María Isabel Urrutia por irregularidades en más de 100 contratos

Este miércoles, 25 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia a la exministra del Deporte del gobierno del presidente Gustavo Petro, María Isabel Urrutia, por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, desconociendo las normas de la contratación pública.

Según las investigaciones de las autoridades, tras la solicitud pública del presidente Petro para que la exministra presentara su renuncia, la noche del 27 de febrero de 2023, la exfuncionaria habría ordenado la terminación selectiva y subjetiva de 104 contratos, los cuales tenían una duración prevista de cuatro meses.

La Fiscalía indicó que, de esta manera, la exministra María Isabel Urrutia, presuntamente, buscaba asegurar la continuidad laboral de personas cercanas o recomendadas, con el fin de que permanecieran vinculadas al Ministerio del Deporte, a pesar de su salida del cargo.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra la exministra por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Las audiencias preparatorias del juicio se llevarán a cabo en la fecha que determine la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Otras imputaciones contra María Isabel Urrutia

En noviembre de 2024, la Fiscalía había imputado cargos contra la exministra de Deporte María Isabel Urrutia Ocoró, por posibles hechos de corrupción relacionados con un contrato por 4.950 millones de pesos.

Según el ente investigador, en agosto de 2022 se encomendó al Ministerio del Deporte la responsabilidad de adelantar un proceso de contratación para la implementación del software denominado 'Sistema de Validación Nacional'.

Para entonces, la Fiscalía le imputó a la exministra los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual.

El Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022, asignó al Ministerio del Deporte la responsabilidad de liderar el proceso de contratación para la implementación del software denominado 'Sistema de Validación Nacional'. Este sistema tenía como objetivo asociar la boleta de ingreso a los estadios con el documento de identidad de los hinchas del fútbol y permitir la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones relacionadas con el derecho de admisión. Según la Fiscalía, la exministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. Sin embargo, fue seleccionado de manera directa.

Presuntamente, la funcionaria pública intentó en dos ocasiones contactar a intermediarios para adjudicarles el contrato. Sin embargo, los habría condicionado a subcontratar a una persona específica, con quien, al parecer, se había pactado desde el inicio del proceso que asumiría el desarrollo del proyecto.

Los elementos probatorios que presentó la Fiscalía indicaron que la exministra, presuntamente, hizo caso omiso a las advertencias formuladas en tres ocasiones por su equipo técnico y jurídico respecto a las irregularidades detectadas en el proceso contractual. A pesar de ello, suscribió un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. También se determinó que se incorporaron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario. Asimismo, no se justificó la decisión de realizar una contratación directa, omitiendo la obligación legal de adelantar un proceso de licitación pública.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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