Hughesnet sale a relucir en medio del escándalo del millonario contrato del Ministerio de las TIC, todo por cuenta de la llamada del exembajador Francisco Santos a Karen Abudinen en la que le habría sugerido cederle el contrato a esta compañía.
Hughesnet es un proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones satelitales. Sobre su experiencia en Colombia se sabe que tiene más de 10 mil usuarios afiliados con cobertura en departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Cundinamarca y La Guajira.
Entre otros, Hughesnet tiene amplia experiencia en conexión de internet en zonas rurales del país y cuenta con una campaña denominada 'Conectando Sueños', que busca mejorar las condiciones para el acceso a la educación virtual, según se indica en su página web.
Sin embargo, esta empresa está hoy en el ojo del huracán en el controvertido caso de Centros Poblados por cuenta de una llamada del exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos a la entonces ministra Karen Abudinen.
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En esa comunicación, Santos habría intercedido para que la funcionaria cediera el millonario contrato a Hughesnet por más de un billón de pesos para proveer de internet a zonas rurales del país.
- Vea lo que dijo Santos sobre el tema: Pacho Santos dice que llamó a Karen Abudinen para darle un "consejo" y por "pensar en Colombia"
La pregunta que surge es si ese comportamiento del entonces embajador podría configurar el delito de tráfico de influencias. Esto opina el xvicefiscal Francisco Sintura: “toda gestión inapropiada que realicen los funcionarios al servicio del Estado, y más los congresistas cuando se efectúa para obtener un beneficio económico como el otorgamiento de un contrato en favor de un tercero, constituye un claro delito”.
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Por su parte, el abogado penalista Luis Gabriel Chaves considera que “en este momento me parece absolutamente apresurado hablar de un delito de tráfico de influencias de servidor público, un delito que evidentemente atenta contra la administración pública, pero la Corte Suprema de Justicia es la llamada a investigar a fondo cuáles fueron las circunstancias de esa o diferentes llamadas que se hayan realizado a la ministra”.
Las autoridades ya indagan sobre la participación de varios funcionarios públicos en el entramado de corrupción de Centros Poblados, al que el Ministerio de las Tic le caducó el contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a sitios apartados del país.
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