Este miércoles, 15 de marzo de 2023, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la Repúblicala ley de sometimiento. Sin embargo, desde algunos sectores políticos y hasta la procuradora cuestionaron la iniciativa.
Uno de los puntos que establece la ley de sometimiento es cerrarle la puerta al estatus político a las estructuras criminales de alto impacto. Asimismo, mantiene la cárcel efectiva de 6 a 8 años, más 4 años adicionales de justicia restaurativa en libertad condicional.
Si se encuentran colados, es decir, criminales que no pertenezcan a estas estructuras, perderán los beneficios del sometimiento y se iniciarán investigaciones penales. El proyecto no modifica los tratados de extradición.
“El régimen de extradición se sigue sometiendo a las reglas ordinarias, esas reglas ordinarias, como todos los sabemos, tienen un momento de discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar, caso por caso, las extradiciones negadas y aprobadas por el poder judicial", declaró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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Quienes se sometan podrían conservar hasta el 6% del valor de los bienes entregados, siempre y cuando no excedan los 10.000 salarios mínimos, cerca de 11. 500 millones de pesos. En caso de que los bienes hayan sido blanco de extinción de dominio y estén en poder del Estado, estos ya no serán contabilizados.
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Sin embargo, a la ley de sometimiento no le faltaron las críticas.
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Para el exvicepresidente de Colombia y líder del Partido Cambio Radical,Germán Vargas Lleras, este proyecto le abre la puerta a un “descomunal proceso de impunidad".
“Cuando hablamos de principio de oportunidad, hablamos de cero penas y, sin embargo, ¿a quiénes se le dan cero penas? A quienes ejerzan actividades delictivas como concierto para delinquir con fines de masacres, asesinos de líderes sociales, y nos preocupa que este principio de oportunidad sea tan laxo, tan débil, diría yo”, aseveró la procuradora, Margarita Cabello.
Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, también reaccionó ante la ley de sometimiento.
“Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma. Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para La Paz, o el alto comisionado para la Paz, tiene o se obliga dentro del proyecto a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo, ¿dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público, subalterno del Ejecutivo no soy”, afirmó el fiscal Barbosa.
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La ley de sometimiento tiene mensaje de urgencia, otro de los puntos que fue criticado desde varios sectores.
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