El gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer el borrador de un decreto para implementar un programa de gran polémica: el de jóvenes en paz, que busca incentivarlos para que abandonen grupos armados o no ingresen a ellos. El debate radica en que anunciaron un pago de $1 millón a jóvenes en esa condición.
El espíritu del proyecto, dicen, es implementar una ruta de atención integral que garantice derechos a jóvenes en condición de extrema pobreza, jóvenes rurales, en vulnerabilidad, en riesgo de vincularse o que estén vinculados a dinámicas de violencia y criminalidad.
Según el texto del borrador, el Estado se compromete a acompañar ámbitos relacionados con la salud, educación, empleabilidad. Sin embargo, la polémica se centra particularmente en el artículo 25, que se autoriza un pago de $1 millón por un término de 12 meses.
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El documento indica que no serán beneficiados jóvenes que tengan órdenes de captura o alguna situación pendiente con la justicia. Además, en cada municipio este proyecto estará sujeto a revisión, pues no podrá superar el 10% del total de la juventud de ese lugar.
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Dice el Gobierno que no se trata de un proyecto asistencialista, pues articula distintos programas y los mismos jóvenes deberán demostrar cumplimiento.
La polémica se da por cuenta de que también jóvenes inmersos en grupos criminales que se comprometan a salirse de estas bandas e ingresen a programas del Gobierno serán beneficiarios del pago de $1 millón.
“Esto es un mal mensaje y es desproporcionado frente a lo que realmente necesitan los jóvenes. Hoy lo que se está diciendo es instrumentalizar, matricular a los jóvenes a la delincuencia, para que reciban una remuneración de $1 millón, mientras un soldado, (recibe) 350.000 pesos mensualmente, que sacrifica la vida”, dice Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.
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Por su parte, Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz, indica que “no es plata regalada, es un aporte para que los jóvenes puedan estar en la universidad, puedan hacer un curso técnico, tecnológico, preuniversitario y también para que colaboren en las gestiones sociales para que se aclimate la paz y la convivencia”.
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El programa está dirigido únicamente a jóvenes entre los 14 y 28 años que no sean beneficiarios de ningún otro tipo de subsidio.
“No se trata de estar a favor o en contra de los subsidios en general, por principio no creo que los subsidios solos solucionen el problema estructural de la pobreza y la violencia, pero sí debe ser una medida a corto plazo que debe estar acompañada de políticas de inversión educación y proyectos productivos”, señala Leonardo González, director de Indepaz.
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Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado, además resalta que “no está claro cuál va a ser la infraestructura institucional mediante la cual se va a hacer seguimiento y se va a verificar que efectivamente estos jóvenes hayan abandonado las actividades delincuenciales, con esto va a ser muy fácil que, mientras un joven recibe la transferencia condicionada, siga vinculado con grupos armados”.
El programa está dirigido a 100.000 jóvenes.
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