Procuraduría pidió a Corte Suprema condenar a Aída Merlano por violar topes de gastos en campaña

Este martes, 9 de agosto de 2022, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar a la excongresista Aída Merlano Rebolledo por violar topes de gastos durante su campaña al Senado de la República para el periodo 2018-2022.Vea también: Aída Victoria Merlano y su prófuga mamá se reencuentran tras más de dos años sin verseAsimismo, el Ministerio Público requirió que el alto tribunal inicie los trámites para solicitar la extradición de Aída Merlano desde Venezuela, “toda vez que se ha verificado que se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales” para realizar dicho proceso.“En desarrollo de la investigación se determinó que la campaña de Merlano Rebolledo recibió más de $8.300 millones, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de $884 millones”, sostuvo la Procuraduría en audiencia pública.El órgano de control consideró que Aída Merlano “afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral”.Le puede interesar: ¿No estaba muerto, andaba de parranda? Fue a una fiesta de la Pachamama y despertó en un ataúdDe acuerdo con el Ministerio Público, esa situación “hizo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”.Por tal motivo, la Procuraduría pidió sentenciar a Aída Merlano por “el delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales, que contempla una pena de cuatro a ocho años”.Igualmente, puntualizó que la condena contra la excongresista, quien era representante a la Cámara para la época en la que se registraron los hechos, “se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad”.En mayo de 2022, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena contra la excongresista por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.En ese entonces, le fijó una pena de 11 años y 4 meses de cárcel, en lugar de la sentencia de 15 años impuesta inicialmente.