Radican ponencia de archivo a la reforma tributaria, que busca financiar parte del Presupuesto

La Comisión Tercera del Senado radicó la ponencia de archivo contra la reforma tributaria, con la que se pretende financiar parte del Presupuesto Nacional, aprobado a mediados de octubre por el Congreso de la República.

Son cuatro partidos los que se desmarcan del proyecto del Gobierno nacional: Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático.

La ponencia de archivo fue firmada por diez senadores: Juan Pablo Gallo Maya, coordinador ponente; Efraín Cepeda Sarabia, ponente; Ciro Alejandro Ramírez, coordinador ponente; Juan Carlos Garcés, coordinador ponente; Antonio Luis Zabaraín Guevara, coordinador ponente; Mauricio Gómez Amín, ponente; Liliana Esther Bitar Castilla, coordinadora ponente; Jairo Alberto Castellanos, ponente; Karina Espinosa Oliver y María Ángela Guerra.

Es la segunda ponencia de archivo presentada contra la reforma tributaria

La representante Katherine Miranda lo hizo el jueves 20 de noviembre, con lo que se busca que el Gobierno no pueda recaudar el faltante del Presupuesto Nacional, 26 billones de pesos para cumplir con lo estipulado por el Gobierno (546,9 billones de pesos).

Según la congresista, con esta reforma tributaria, el Gobierno busca “meterle la mano al bolsillo de los colombianos que ya no aguantan más impuestos. Esta reforma afecta directamente a los más pobres y a la clase media”, señalando que se busca poner gravámenes a plataformas como Shein, Temu o AIL Express, que millones de familias usan para comprar ropa, útiles escolares y productos básicos para sus hijos a precios accesibles. Esto no es un lujo, es una necesidad”.

También manifestó que con la reforma subiría el precio de la gasolina, aumento que, afirmó, “golpea a los campesinos, a los transportadores y a los trabajadores y termina encareciendo los alimentos”.

“El país no necesita más reformas ni más impuestos, lo que Colombia necesita es un Gobierno austero”, dijo.

El Presupuesto aprobado para 2026 contempla adiciones significativas para varias entidades, como la Procuraduría, que recibiría más de 600.000 millones de pesos, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se le adicionarían cerca de 300.000 millones de pesos. Otras entidades son las universidades públicas, MinTIC, MinDeporte y MinComercio.

En contraste, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) sufrió una reducción de recursos, así como la Defensoría del Pueblo.

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