La Procuraduría General de la Nación le dirigió un concepto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que pide que Verónica Alcocer no reciba más viáticos como funcionaria pública y se anule el decreto que permitió su viaje al Vaticano en 2023.
El Ministerio Público demandó el decreto 0035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el presidente Gustavo Petro designó a la primera dama, cuyo nombramiento no es un cargo público, como embajadora de Misión Especial.
La Procuraduría argumentó que, como Verónica Alcocer no es funcionaria, el presidente no tenía la potestad para nombrarla a ella como embajadora de Misión Especial y tuvo que haber asignado a una persona que sí fuera funcionaria para la reunión con el papa Francisco.
El organismo de control está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto presidencial por medio del cual el presidente Petro comisionó a la primera dama como embajadora en Misión Especial a la ciudad de Roma, con el fin de asistir a la audiencia otorgada por el sumo pontífice.
Dice la Procuraduría al Tribunal que Verónica Alcocer no es servidora pública y, por lo tanto, no puede tener comisiones ni viáticos regulados para los servidores públicos. Agrega que las normas fijan límites y restricciones para el actuar de los servidores públicos, entendiendo que en la función pública “no todo vale”.
El Tribunal estudiará si acoge este concepto y se anula el decreto. De ser anulado, la esposa del presidente deberá devolver el dinero de los viáticos.
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