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Todos las Droguerías Colsubsidio de Bogotá amanecieron, este 29 de diciembre, con un aviso importante para los afiliados a la Nueva EPS, informando que dejarán de dispensarles medicamentos desde el próximo año.
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De acuerdo con el comunicado de Colsubsidio, a partir del 1 de enero de 2026 se dará cierre definitivo al servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios de la Nueva EPS en todos los puntos de atención a nivel nacional. “Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en nuestras sedes autorizadas”, detallaron desde Colsubsidio.
Según Colsubsidio, la continuidad de los tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos serán gestionados directamente por la Nueva Eps, de acuerdo con la normatividad vigente.
No obstante, Nueva EPS todavía no ha informado cómo se realizará la dispensación de los medicamentos tras este anuncio de Colsubsidio.
Colsubsidio ya había manifestado su preocupación por los retrasos en los pagos de la Nueve EPS y ya se había planteado finalizar el convenio; no obstante, las empresas habían llegado a acuerdos para continuar con el servicio.
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De hecho, en noviembre, Colsubsidio informó sobre los acuerdos a los que se había llegado con la mencionada EPS, por los que ahora sorprende el fin de este convenio.
Desde Asocapitales vienen alertando que la crisis de la Nueva EPS ha escalado hasta convertirse en un problema estructural que afecta la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. Incluso, detallaron un deterioro acelerado del sistema y demandan acciones inmediatas y verificables por parte del Gobierno Nacional.
Según un informe de Asocapitales, la Nueva EPS, con más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas superiores a 21 billones de pesos, cifra sin precedentes en el sistema de salud colombiano. “Esta situación ha generado la ruptura de su red de prestadores, retrasos masivos en la entrega de medicamentos y en la asignación de citas, así como una incapacidad evidente para garantizar la atención oportuna”, anotaron.
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Tras exponer la crítica situación, las ciudades capitales exigieron soluciones reales y proteger, con rigor técnico, la salud de más de 11 millones de afiliados afectados. “El futuro inmediato del sistema dependerá de la capacidad del Gobierno Nacional para implementar decisiones basadas en evidencia, garantizar la trazabilidad de los recursos y restablecer la continuidad de los servicios esenciales”, añadieron.
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