La Contraloría General de la República alertó sobre la delicada situación administrativa y financiera de la Nueva EPS tras un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025. El análisis preliminar de la información obtenida reveló presuntas falencias que comprometen la liquidez, la sostenibilidad y la adecuada prestación de servicios de salud a una población que representa aproximadamente el 22 por ciento de los afiliados al sistema.
La actuación de recaudo de información, que abarcó desde 2022 hasta el primer semestre de 2025, se llevó a cabo ante la falta de datos disponibles en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud y la ausencia de estados financieros certificados de la Nueva EPS.
Se recopilaron 4.524 archivos con información técnica, asistencial, administrativa, jurídica y financiera, detalló la Contraloría.
“La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones”, señalaron.
La entidad promotora de salud también presenta un enorme volumen de facturas pendientes por procesar, totalizando 22.737.247 registros por un valor de $22,1 billones. Tras una verificación inicial, se identificaron 9.155.060 facturas repetidas, que ascienden a $8,9 billones. Excluyendo estas repeticiones, quedan $13,2 billones en facturas de servicios de salud pendientes por procesar.
De acuerdo con la alerta de Contraloría, del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9% restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.
Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras debido a la falta de verificación de aspectos cruciales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes. Además, el 40% del valor pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, se concentra en solo 36 de los más de 2.700 prestadores de salud, elevando el riesgo fiscal. La Contraloría también detectó que la Nueva EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de salud.
"Riesgos de deterioro progresivo", advierte la Contraloría
En el documento, la Contraloría señaló que, en cuanto a la contratación con su red prestadora, la EPS no aportó los soportes contractuales que demuestren el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 441 de 2022. La revisión de la información reveló que en varias carpetas contractuales faltan documentos esenciales como copias de contrato, notas técnicas y anexos.
La situación de las cuentas por pagar también es alarmante, con un valor acumulado de $21,37 billones a marzo de 2025. Esta cifra pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dentro de este monto, se destacan $10,5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes por procesar. Esta tendencia, según el organismo de control, refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría conducir a restricciones en la prestación de servicios.
En el último hallazgo, la Contraloría identificó una subestimación de $11,1 billones en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada a diciembre de 2024. A esto se suma la falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.
“La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”, puntualizaron en el informe.
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