Fallo sobre biopolímeros favorece a víctimas de “malas prácticas” y “en riesgo de muerte”

La Corte Constitucional tomó una importante decisión: el retiro de biopolímeros y los tratamientos por malas prácticas en temas estéticos como implantes mamarios deberán ser asumidos por las EPS.

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El fallo de la corte reconoce que los procedimientos médicos para el retiro de biopolímeros están incluidos en el plan de beneficios de salud. Por lo tanto, las EPS deben asumir el costo del tratamiento.

La misma decisión afirma que los médicos y las EPS tienen la obligación de diagnosticar y tratar las consecuencias causadas por las cirugías estéticas de implantes mamarios.

“La corte no estuvo de acuerdo con las conclusiones de los señores jueces que, en alguna medida, estimaban que dado que estos procedimientos eran asumidos voluntariamente por las pacientes debían inclusive asumir esos riesgos y por lo tanto, inclusive si carecieran de recursos para sufragarlos, ellas deberían en todo caso atenerse a las resultas”, dijo José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional.

Y agregó: “Ciertamente se trata de conductas voluntarias de algunas pacientes que se ponen implantes mamarios o polímeros y que, por razones de la mala práctica, terminan en consecuencias muy negativas para su salud, incluso con riesgos cercanos a la muerte”.

La decisión se originó al fallar acciones de tutela de seis mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos, cuatro de ellas fueron inyectadas con biopolímeros y dos se sometieron a cirugías de implantes mamarios. Para la Corte Constitucional, se violó el derecho a la salud y a la vida digna de las accionantes.

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La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento y Gestión de la Salud, Gestarsalud, se pronunció sobre el fallo.

“Es una buena decisión para las mujeres colombianas. No obstante, el Estado tendrá que asumir estos costos adicionales”, indicó Galo Viana, presidente de Gestarsalud.

Lorena Beltrán, activista por la reglamentación de los procedimientos estéticos, manifestó que el fallo es vital, pues cientos de mujeres víctimas de estas malas prácticas en ocasiones no acceden a tratamiento por los altos costos.

“Hay muchas mujeres que no pueden costear este tipo de cirugías de extracción de biopolímeros porque tienen unos costos elevadísimos. Así que esta medida también permitiría que estas mujeres que están en un riesgo vital, ya sea por su salud, pues pueden acceder al retiro de esta sustancia que pone en peligro su vida”, señaló.

La Corte Constitucional pidió al Gobierno nacional y a entidades como la Fiscalía activar sus competencias con el fin de sancionar de forma efectiva a las personas y los establecimientos que ofrecen servicios médicos sin tener la idoneidad para este tipo de cirugías.

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