“Murió esperando que entregaran la casa": inquilinos dejaron vivienda en ruinas y millonaria deuda

En medio del debate nacional sobre las fallas de la Ley de extinción de dominio, que ha despojado de sus bienes a propietarios inocentes por delitos cometidos por terceros, surge el caso de la familia Rojas Sanabria en Villavicencio. Aunque no perdieron su vivienda, quedaron atrapados en un sistema judicial lento y en manos de arrendatarios inescrupulosos.Para Edith y su esposo Armando José, el mayor sueño era construir un hogar sólido. Con enorme esfuerzo compraron un lote y reunieron los recursos necesarios para levantar su vivienda. Sus hijos, Carlos e Iván, aún recuerdan ese logro: “La primera vez que entramos era ver la belleza, ver el trabajo de mis padres al culminar”, relató Carlos en Séptimo Día.Un negocio que se volvió pesadillaCon el paso de los años, los padres envejecieron y el sector de Villavicencio cambió: dejó de ser residencial para convertirse en una zona comercial. Por motivos de salud, los hijos convencieron a Edith y Armando de mudarse a un lugar más tranquilo. Fue entonces cuando nació la idea de arrendar la propiedad.En abril de 2012 tomaron la decisión de arrendar la vivienda. Según recuerdan, apenas pusieron el aviso, llegaron “muchísimas personas” interesadas. Finalmente, optaron por alquilarla a una pareja que se presentó como hoteleros de Bogotá con la intención de montar un negocio.La confianza fue inmediata. Tanto así, que Gustavo y Luz, los arrendatarios, les pidieron retirar el aviso y firmaron el contrato.El documento quedó debidamente redactado con las cláusulas estándar y se pactó por un año, bajo la expectativa de que la vivienda sería devuelta en las mismas condiciones en que se entregaba. Los Rojas Sanabria estaban “fascinados” porque, por primera vez, obtenían una ganancia de la casa, recibiendo incluso dos meses de arriendo por adelantado.El negocio funcionó sin problemas durante siete años, hasta que todo cambió después de pandemia. Los propietarios, conscientes de la situación, especialmente para el sector hotelero, actuaron de buena fe.“Ellos empezaron a tener dificultades para pagar y nosotros entendimos, por eso, le decíamos que paguen si no el 50% o que este mes no paguen. O sea, hubo varios beneficios que les dimos”, afirmó Edith.Sin embargo, cuando la economía empezó a normalizarse, la situación no mejoró. “Cambiaron las reglas de juego, jugaron una doble pasada y ellos se impusieron lo que ellos querían”, relató Carlos. Después los inquilinos no volvieron a pagar “absolutamente nada”.Incluso, la familia contó que los arrendatarios llegaron a pedirles que asumieran, en su nombre, un préstamo ante el Gobierno Nacional, con el argumento de que con ese dinero saldarían la deuda que tenían con ellos, petición a la que se negaron. “Nos quedaron debiendo por lo menos 300 millones de pesos”, aseguró Edith.“Murió esperando que entregaran la casa"Ante la desesperación, a finales de 2020, los Rojas Sanabria acudieron a la justicia para hacer valer sus derechos. “Ellos duraron cinco años ahí, con su hotel funcionando, con su negocio arrendado y sin darnos nada de plata”, agregó.Para los hermanos Carlos e Iván, el dolor supera incluso a la indignación, pues mientras aguardaban el respaldo de la justicia colombiana, su padre, Armando, enfermó y falleció en 2023.“Murió esperando que nos entregaran la casa. Se enfermó. Uno miraba la angustia de mi padre, mientras la enfermedad lo fue deteriorando y la tristeza”, relató Carlos conmocionado.La familia insistió que se siente doblemente afectada, pues fueron víctimas tanto de los inquilinos como del sistema: “Fuimos revictimizados, fuimos víctimas de unos arrendatarios, y fuimos víctimas de la justicia”, lamentó Iván.El equipo de Séptimo Día intentó comunicarse con Gustavo, el hombre señalado, e incluso lo buscó en Acacías, Meta, para conocer su versión frente a las denuncias, pero no aceptó dar una entrevista.Una propiedad destruidaEl 16 de julio de 2025, por orden de un juez y después de 5 años, les devolvieron su casa, según ellos, en condiciones “deplorables”.La vivienda fue devuelta en condiciones lamentables. Los daños eran evidentes, demostrando que los inquilinos no solo habían incumplido el contrato de pago, sino también el cuidado básico del inmueble.“Los señores quitaron puertas de la entrada, la encontraron absolutamente deteriorada, pelada, manchada, sin nada. Es más, en un cuarto quitaron hasta el sanitario”, relató Iván. Aunque la familia aseguró haber firmado un contrato con todas las cláusulas para protegerse, para él fue el Estado el que no cumplió con su deber de brindarles esa protección.A diferencia de otros casos que terminan en extinción de dominio, donde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra el bien, la familia Rojas Sanabria retuvo la propiedad, aunque esta haya sido devuelta en ruinas y con un enorme déficit económico y emocional.La mayor motivación de los hermanos es devolverle la alegría y la tranquilidad a Edith, su madre. “Esperamos con ansias darle la felicidad de saber que la casa vuelve a ser de ella”, expresó uno de ellos.Ley de extinción de dominio en ColombiaEn Colombia rige la ley de extinción de dominio, que le otorga al Estado la facultad de reclamar y tomar posesión de los inmuebles que provienen de actividades ilícitas o que son utilizados con esos fines. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hay en promedio 32.000 inmuebles, entre apartamentos, casas, depósitos y parqueaderos, que están bajo poder del Estado y son administrados por la entidad en medio de procesos de extinción de dominio.El caso de la familia Rojas Sanabria se suma a las voces que piden una revisión profunda de las leyes, pues en muchos casos terminan castigando a ciudadanos honestos que actuaron de buena fe al confiar en sus arrendatarios.

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La familia Rojas Sanabria arrendó su casa en Villavicencio con ilusión, pero terminó con pérdidas millonarias y la trágica muerte de un integrante. Vea detalles del caso en Séptimo Día.

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