Ley de extinción de dominio: ¿puede perder su casa por culpa de inquilinos? Ojo a lo que debe saber

Arrendar una casa, una habitación o un local comercial es una fuente de ingresos adicional para miles de familias en Colombia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, si un inquilino comete un delito dentro de la propiedad, el dueño, por más inocente que sea, podría enfrentarse a la peor de sus pesadillas: perder el inmueble por la Ley de Extinción de Dominio. La investigación, en Séptimo Día.Esta ley, pensada para combatir las estructuras criminales, le permite al Estado tomar posesión de bienes utilizados para actividades ilícitas. El problema, según denuncian numerosas familias en todo el país, es que la norma no distingue entre culpables e inocentes, dejando a propietarios de buena fe en la calle y sin el patrimonio que construyeron con años de esfuerzo.“No tenemos tranquilidad de pensar que en cualquier momento van a venir a decirle ‘sálgase que esto es del gobierno’”, relata con angustia Renato Durán Guatame, un hombre de 74 años que, junto a sus cinco hermanos, todos adultos mayores, está a punto de perder la casa que sus padres les dejaron en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Su historia, como la de otras familias, es un doloroso testimonio de cómo un error al elegir a un inquilino puede costar una vida entera de trabajo.El caso de la familia Durán Guatame: pagar por confiarPara los seis hermanos Durán Guatame, la casa en la que han vivido desde 1961 es más que ladrillos y cemento; es el legado del sacrificio de sus padres. Para ayudarse con los gastos, decidieron seguir la tradición familiar de arrendar una habitación, un ingreso extra para pagar los servicios y el predial. En agosto de 2022, por recomendación de otros arrendatarios, le alquilaron un cuarto a un hombre de nacionalidad venezolana. Durante tres meses, fue un inquilino ejemplar. “Pagaba puntual 400.000 pesos mensuales. Yo veía que siempre estaba cocinando, preparaba sus almuerzos y se iba, los vendía”, recuerda una de las hermanas.La tranquilidad se rompió la madrugada del 13 de diciembre de 2022, cuando la policía irrumpió en su hogar. El inquilino, de nombre Rubén, era buscado por pertenecer a una banda delincuencial conocida como 'Los Nikes'. En su habitación, las autoridades encontraron drogas. Una de las hermanas narra el momento: “una muchacha policía sacó una bolsita así, entonces yo le pregunté a ella que qué era eso y ella me dijo que eso era droga”.Aunque el hombre fue capturado y la familia colaboró con la justicia, tres meses después, la Fiscalía 43 les notificó el embargo de la casa, iniciando un proceso de extinción de dominio. “Nosotras no hemos hecho nada malo en la casa que dejaron nuestros papás para que nos pasara esto. O sea, confiar en una persona”, lamenta otra de las hermanas. Ahora, se enfrentan a un posible desalojo por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar los bienes incautados. “Fue un error inocente haberle arrendado a un extraño. Nosotros no sabíamos qué hacía”, confiesa uno de los hermanos, reflejando la impotencia de una familia que ve cómo se desvanece su único techo.Motos robadas y un desalojo fulminanteLa historia de Carlos García en el barrio Lombardía de Suba, Bogotá, es igualmente dramática. En 2016 compró una casa con un crédito bancario y la arrendaba para ayudarse con la deuda. En 2019, le arrendó el segundo y tercer piso a un extranjero que trabajaba en un parqueadero cercano. Meses después, el inquilino le pidió en arriendo verbal un local en el primer piso “para meter unas cosas ahí del parqueadero”.El 13 de junio de 2019, la esposa de Carlos, que luego perdió la vida en medio de la situación, lo llamó desesperada: la policía estaba allanando la propiedad. En el local encontraron motocicletas robadas. El inquilino aceptó su responsabilidad en la audiencia y fue condenado, negando cualquier vínculo con los dueños de la casa. Carlos pensó que lo peor había pasado, pero luego recibió la notificación de extinción de dominio y se hizo efectivo el desalojo. Las puertas y ventanas fueron selladas con soldadura, y él perdió todo poder sobre su casa.“Uno dice: ‘No, yo voy a perder mi casa, voy a perder todo el esfuerzo que he hecho, todos los años de trabajo, todo mi patrimonio’ para venir en un instante y que el estado prácticamente le diga ‘tiene que salirse de acá’”, cuenta Carlos con la voz quebrada. Su abogado, Carlos Acevedo, explica que la Fiscalía actuó rápidamente tras el desmantelamiento de una banda dedicada al hurto de vehículos, afectando a 14 inmuebles, incluido el de su cliente.Alertaron a la Policía y perdieron su casaEn Fusagasugá, Cundinamarca, la familia Chingaté Baracaldo vive una situación absurda para muchos. Arrendaron el primer piso de su casa, construida con el dinero que ganaron vendiendo tintos y trabajando en la plaza de mercado. A los 15 días, un vecino les advirtió que la nueva inquilina vendía estupefacientes.Preocupados, los dueños de casa acudieron a las autoridades para denunciar la situación. “Fuimos a la policía y les dijimos: ‘Es que imagínese que nosotros le arrendamos a una gente así y así, y esa señora vende droga. Necesito que nos ayude’”, relata un familiar. Confiaron en que las autoridades actuarían y su problema terminaría. Pero la realidad fue otra. Días después, su casa fue rodeada por el Ejército y la Policía en un allanamiento donde encontraron 32 gramos de marihuana.A pesar de que ellos mismos alertaron sobre el delito, 18 años después, la familia enfrenta una orden de desalojo de la SAE. La Fiscalía, en respuesta a Séptimo Día, informó que un juzgado declaró la pérdida del inmueble en 2013, concluyendo que la propietaria “no cumplió con su deber de vigilar y cuidar su casa”. Hoy, la familia, compuesta por adultos mayores, vive con la esperanza de que la Corte Constitucional revise su caso y detenga el desalojo. “Fuimos revictimizados. Fuimos víctimas de unos arrendatarios, sí, y fuimos víctimas de la justicia”, resume uno de los afectados.¿Qué dice la ley y qué se puede hacer?La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado reclamar bienes que proceden de actividades ilícitas o que son usados para cometerlas. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra estos bienes a través de medidas cautelares mientras un juez toma una decisión final, un proceso que puede tardar años. Actualmente, la SAE administra alrededor de 32.000 inmuebles en estas condiciones.Expertos y congresistas reconocen que hay un problema. Germán Varón, ponente de la ley en 2013, admite que “en la mayoría de los casos, yo diría que casi en un 90%, (el dueño del inmueble) no es una persona que participe del ilícito”, sino alguien que arrienda de buena fe. El problema, según él, es la falta de jueces, lo que demora los procesos hasta por 18 años, causando un grave perjuicio a los propietarios.Por su parte, la senadora Paloma Valencia señala que es necesario revisar la ley para proteger a los propietarios de buena fe, especialmente a los de bajos ingresos. La ley actual “necesita tener conciencia de que hay personas que no son culpables que caen ahí”, señaló.Actualmente no hay en estudio ningún proyecto de ley para reformarla y, mientras tanto, los afectados insisten en que se debe ser más estricto al firmar contratos de arrendamiento, pero subrayan la urgencia de una reforma legal para que nadie más pierda su casa por confiar en la persona equivocada.

Ley de extinción de dominio: ¿puede perder su casa por culpa de inquilinos? Ojo a lo que debe saber

Arrendar una vivienda o un local para tener ingresos adicionales se ha convertido en una verdadera pesadilla para dueños que terminan en líos con la justicia y perdiendo sus bienes.

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