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La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de dos miembros del Ejército Nacional y de una mujer, quienes hacían parte de una entramada ilegal para infiltrarse en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez con el fin de obtener información de seguridad nacional, operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y esquemas de protección.
El ente acusador constató que los tres lograron infiltrarse a, al menos, 36 reuniones confidenciales entre marzo de 2024 y abril de este año. Los presuntos involucrados en estas actividades ilegales fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández.
Los investigadores concluyeron que el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia. La mujer, por otro lado, se hacía pasar como capitán.
"En una investigación que lideró la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y la Policía Nacional se logró determinar la responsabilidad de un mayor y un sargento que, con una particular, ingresaban a las instalaciones del Ejército Nacional, particularmente a las instalaciones de BAFUR 5, que tiene en su cargo el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia", afirmó Nelson Andrés Escobar López, director especializado contra las Organizaciones Criminales.
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La investigación de la Fiscalía logró determinar que Salgado, una vez dentro de las reuniones, tenía como objetivo asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra estructuras criminales, entre estas, el Tren de Aragua.
Por otro lado, el sargento segundo Padilla Villanueva sería el encargado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, y permitirle interactuar con la tropa e involucrarse en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico. También, se le atribuye la entrega de detalles sobre los movimientos de la unidad y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que le permitió a Salgado conocer detalles de interés estratégico sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.
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Es así como quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, haciéndoles creer a fiscales y jueces que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas, pero en realidad provenían del entramado ilegal.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, en Bogotá.
La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL