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El caso de Dilan Santiago Castro Rivas, un niño de 2 años hallado muerto hace 19 meses en una zona rural de Usme, al sur de Bogotá, continúa sin responsables judicializados ni capturados, generando un persistente clamor por justicia por parte de su familia. La muerte del menor, que conmocionó al país, fue determinada por Medicina Legal como asfixia mecánica.
“Medicina Legal arrojó que la muerte fue por asfixia mecánica. Llevamos 19 meses y Fiscalía no ha hecho nada”, dijo Blanca Nubia Joven, abuela del niño, quien pidió que el caso de su nieto no quede en la impunidad.
La familia de Dilan, incluyendo a su abuela y madre, ha realizado largos viajes a Bogotá y plantones para exigir respuestas, pidiendo que la muerte del niño "no quede en la impunidad". Desde su vivienda en el Tolima y ante dificultades económicas que les impiden estar siempre en Bogotá, la abuela de Dilan ha interpelado directamente a la Fiscalía General, preguntando a la doctora Luz Adriana Garzón Camargo: "¿qué ha pasado con el caso del niño Dyan Santiago Castro Rivas ya vamos 18 meses y no han hecho nada que el caso del niño no quede en la impunidad una pregunta que espera tenga pronto una respuesta".
Gerardo Sánchez, abogado de la familia, señaló los significativos retrasos en la investigación, indicando que "tenemos bastantes atrasos como tal en la investigación" y que ha habido "el cambio de cuatro fiscales", lo que ha impedido el avance del caso.
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La hipótesis del caso apunta a una presunta participación de algunos familiares del niño en su deceso, aunque las entrevistas realizadas por los investigadores no han arrojado resultados certeros en lo que pasó. El abogado Sánchez manifestó la intención de "acudir ante un juez de tutela, un juez de constitucional, para que a través de un mecanismo de tutela se le dé mayor impulso a este proceso".
La situación de impunidad en el caso de Dilan no es aislada. Según la bancada por la niñez del Concejo de Bogotá, el 90 por ciento de los delitos contra niños niñas y adolescentes están en esa condición. Datos de Medicina Legal señala que en el 2023, año cuando murió el menor en cuestión, fueron asesinados 107 menores, la mayoría adolescentes.
Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles, señaló que ha venido alertando desde hace muchos años que la justicia colombiana "no está a la altura de los derechos de nuestros niños y nuestras niñas". Añadió que no hay solidez investigativa para esclarecer esos delitos.
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El experto manifestó que, a pesar de la creación de la ley 2205 que obligó a la Fiscalía a crear unidades especiales de investigación para delitos contra niños y niñas, estas unidades en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Boyacá "no cuentan con los recursos necesarios ni con los equipos de investigación y cuerpos técnicos de investigación especializados para adelantar estos casos".
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