La Fiscalía General de la Nación (FGN) le imputó cargos al exjefe de recursos humanos del Senado de la República Rubén Iregui, quien habría beneficiado por lo menos a dos contratistas que harían parte del entramado de corrupción en diferentes entidades del Estado y que lideraba el excongresista Mario Castaño.
De acuerdo con el ente investigador, a estos dos funcionarios se les habría pagado, por lo menos, 20 millones de pesos pese a no haber realizado los trabajos dentro del Ejecutivo.
El director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, Eduardo Calderón, dijo que “los elementos de prueba dan cuenta de que el objeto previsto no se cumplió, pero los contratistas recibieron sus pagos, previa autorización y aval del entonces jefe de recursos humanos del Senado. Está acreditado que el señor Iregui González, al parecer, envió varios correos electrónicos a la división financiera para que fueran desembolsados 40 millones de pesos en favor de los dos señalados enlaces del exsenador Mario Castaño".
En desarrollo de la estrategia investigativa para judicializar a quienes habrían colaborado con la red de corrupción que conformó y articuló el excongresista Mario Castaño, la Fiscalía imputó al exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado, Rubén Darío Iregui González. pic.twitter.com/g1dpH4w9uh
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 2, 2023
Así funcionaba el entramado del senador Mario Castaño: interceptaciones evidencian el descaro
Luego que la Corte Suprema de Justicia hiciera efectiva la condena al excongresista Mario Castaño Pérez por más de 15 años de prisión por 19 delitos relacionados con concierto para delinquir, al liderar presuntamente una red criminal de millonarios contratos con ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras entidades del Estado, se conocieron más detalles por parte de las autoridades de cómo funcionaba esta empresa criminal.
Mario Castaño conformó esta estructura denominada “las marionetas”, que se encargaba de direccionar contratos y hablar con funcionarios y mandatarios. El nombre del exsenador era una pieza fundamental para comenzar las negociaciones, principalmente para fijar la entrega de comisiones, que en la mayoría eran del 10% del valor total del convenio y así acordar finalmente el pago de los sobornos.
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Esta red criminal estaba liderada por el excongresista del partido Liberal Mario Castaño, seguido por su asistente y hombre de confianza, Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien se encargaba presuntamente de gestionar los contactos con diversas entidades del Estado con el fin de garantizar contratos. Actualmente está prófugo de la justicia, así mismo Daniela Ospina Loaiza, quien además de ser su compañera sentimental habría aportado a la organización una labor logística en temas financieros. Es decir, habría llevado el registro de los dineros entregados a los distintos miembros del grupo, así como concepto de coimas y comisiones.
En el mismo organigrama está Lorena Cañón, quien según las investigaciones asumió el rol de ‘lobbysta’ y gestionaba proyectos ante los ministerios y otras entidades a favor de algunas alcaldías de departamentos como Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá y Tolima.
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En el mismo organigrama ingresa Santiago Castaño Morales, quien habría servido a la organización para gestionar asuntos relacionados con contratos de obras públicas, y Alejandro Noreña, que servía de enlace con los funcionarios del Sena e informaba a la estructura los procesos de contratación que al interior de la entidad se estaban gestando.
Entre el 2019 y 2021 se presentaron al Ministerio del Deporte distintas iniciativas relacionadas con proyectos de infraestructura de escenarios deportivos, allí también habría entrado esta empresa criminal, pues según las pruebas conocidas por la corte, dirigieron y amañaron los procesos de selección de los contratos para la construcción de canchas sintéticas en municipios como Piendamó, Suárez y Balboa en el Cauca.
El Congreso de la República no fue inmune a esta organización, pues el senador, valiéndose de su cargo, logró que dos de sus principales cabezas en la estructura (Juan Carlos Martínez Rodríguez y su compañera sentimental) tuvieran un contrato por prestación de servicios dentro de la corporación, cada uno por 15 millones de pesos.
Contratos que, por supuesto, no fueron cumplidos, pero sí cobrados luego de amañar los informes de gestión tal y como se evidencia en una interceptación entre la mano derecha de Mario Castaño y Jorge Alberto Tamayo, encargado de maquillarlos.
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