Cinco presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron abatidos durante un operativo militar realizado en la madrugada de este sábado 21 de noviembre en zona rural de Mapiripán, Meta. Así lo informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial de X, donde entregó detalles de la intervención contra la estructura 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias atribuidas a alias Iván Mordisco.
De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, la operación, denominada Ninfa, fue ejecutada por las Fuerzas Militares en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo era la estructura señalada de actividades narcoterroristas en esta zona del departamento del Meta.
En su publicación, De la Espriella presentó un balance preliminar de los resultados de la intervención, que incluye cinco personas dadas de baja y la incautación de cuatro armas largas y dos armas cortas, además de 12 proveedores y munición de diferentes calibres.
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El inventario también incluye dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital y dos teléfonos celulares. A estos elementos se suman dos embarcaciones, cuya incautación también fue reportada por el mandatario.
Tras dar a conocer los resultados de la operación, el presidente se refirió a las acciones de las organizaciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil, y aseguró que su Gobierno responderá a estos hechos.
"Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente", escribió en la publicación. Asimismo, afirmó: "No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia". De la Espriella también felicitó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por el resultado de la intervención.
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Históricamente, Mapiripán, Meta, ha sido un municipio afectado por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, en medio de disputas por el control territorial y las economías ilícitas. Esta situación ha mantenido a la población rural expuesta a riesgos de seguridad, como enfrentamientos armados, amenazas y presencia de artefactos explosivos. En ese contexto, el año pasado la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio en sus alertas tempranas por los riesgos asociados a la confrontación entre estructuras armadas ilegales.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
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