La Corte Suprema de Justicia revisará en segunda instancia la tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El alto tribunal estudiará la impugnación presentada por las presuntas víctimas dentro del proceso judicial que enfrenta el exjefe de Estado, que anunció que renunciaba a la prescripción de su caso, argumentando que “no puedo declinar el camino de la verdad”.
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“Por la patria y mis compatriotas, me impone, en esta encrucijada, dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida; la verdad”, subrayó.
La revisión de la libertad del exmandatario fue repartida y quedó en manos de la Sala de Casación Penal, integrada por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila Roldán, el expresidente del alto tribunal Gerson Chaverra y Diego Eugenio Corredor Beltrán, quien será el magistrado ponente.
Víctimas denunciaron penalmente a Uribe y sus hijos
El senador Iván Cepeda interpuso la denuncia porque las víctimas, supuestamente, han sufrido una "sistemática campaña" de persecución y difamación tras conocerse la condena del exmandatario.
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Cepeda denunció a Uribe, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, y al director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por "la comisión presunta" de los delitos de "calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas".
"Esa campaña de difamación ha estado acompañada además de una acción que tiene que ver con una operación para vincularme (...) con las Farc", añadió Cepeda.
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En un comunicado, las víctimas señalaron que en redes sociales, declaraciones a medios y foros internacionales se han lanzado señalamientos "falaces" contra congresistas y abogados de la bancada, con acusaciones como las de vincular al senador Cepeda con las extintas Farc o con el narcotráfico.
"Estos señalamientos mendaces ponen en alto riesgo nuestra seguridad", advirtieron. Las víctimas subrayaron que la ofensiva mediática busca deslegitimar la decisión judicial contra el expresidente y afectar la credibilidad de quienes ejercen la representación de las víctimas en el caso, que se remonta a 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte decidió no investigar a Cepeda y abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.
Tras recuperar su libertad, el expresidente Uribe ha estado participando activamente en la vida política colombiana. El primer acto que realizó fue visitar el cementerio y el lugar donde Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado que finalmente le arrebató la vida, después de permanecer dos meses hospitalizado.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
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