El llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional a no competir con los grupos armados ilegales por demostrar quién alcanza mayor nivel de crueldad generó un cruce de mensajes entre la administración de Abelardo de la Espriella y ese organismo. Luego de la escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones criminales, la Defensoría, en un primer mensaje, cuestionó la decisión de De la Espriella de mostrarse caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las antiguas Farc muertos en días pasados en una operación militar en el departamento del Guaviare. "El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder", dijo este domingo la defensora, Iris Marín, quien agregó que "nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes".
De la Espriella, quien prometió "mano dura" en temas de seguridad, aseguró la semana pasada que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". El presidente repitió entonces la imagen del Guaviare el viernes cuando presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha, en La Guajira, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.
La Defensoría, en su pronunciamiento de este domingo, insistió en que "las imágenes y los símbolos del poder público también importan" y que "no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad". Marín explicó que no desconoce ni cuestiona la legitimidad de las operaciones militares sino más bien la manera en cómo el "Estado ejerce el poder y comunica sus resultados", pues "incluso en la guerra existen límites" y los muertos deben ser "respetados y tratados dignamente".
Marín indicó que recibieron información sobre un portal denominado 'Las Bajas del Tigre', que no se ha confirmado que sea una página oficial, en el que se cuentan los muertos y otros resultados de las operaciones militares desde la posesión de De la Espriella, el pasado 7 de agosto. "El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que impone la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad", concluyó la Defensoría.
¿Qué respondió el Gobierno nacional?
Este mismo domingo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió al pronunciamiento de la Defensoría. Lara aseguró que si bien la Defensoría "es una aliada institucional que respetamos y valoramos" y que "cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional", desde el Ejecutivo lamentan lo que consideran "una triste equivocación". A juicio del Gobierno nacional, "equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad (...) no corresponde".
"El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país. Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza", agregó el ministro del Interior, quien agregó que "Colombia está poniendo fin al cinismo de la Paz Total", refiriéndose a la política de negociación que intetó poner en marcha el expresidente Gustavo Petro. "Seguiremos haciendo cumplir la ley. Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen", puntualizó Lara.
El nuevo pronunciamiento de la Defensoría
La respuesta de el ministro Lara generó una nueva reacción de la defensora Marín, quien este lunes escribió que desde ese organismo confían "en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento". Y que, mientras tanto, avancen "de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas" como había acordado.
Publicidad
"La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana", señaló la defensora este lunes, al tiempo que enfatizó en que desde ese organismo están listos "para avanzar de inmediato y trabajar conjuntamente en las acciones que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población".
En su primer mes de Gobierno, De la Espriella ha centrado su atención en la confrontación de guerrillas, grupos armados y narcotraficantes. Su Gobierno, de hecho, prepara una "lista terrorista" que dice que le permitirá actuar con más celeridad y recursos contra los grupos armados.
Publicidad
El propio presidente anunció que el Ejército había detenido en este primer mes a nueve criminales (miembros del Tren de Aragua, las disidencias de las Farc, el Eln y bandas armadas) y matado a cerca de 40 personas, presuntos integrantes de una disidencia de las Farc y de un grupo criminal. Este domingo aseguró que en su primer mes las Fuerzas Armadas se han incautado de 49.379 kilos de estupefacientes y 1.485 armas de fuego, además de erradicar 1.321 hectáreas de coca.
No obstante, desde que De la Espriella es presidente al menos seis menores de edad han muerto en bombardeos del Ejército a campamentos de distintas guerrillas, según Medicina Legal, en principio víctimas del reclutamiento forzoso. En días pasados, cuando un juzgado le prohibió al Gobierno este tipo de acciones si se sospecha que puede haber menores de edad involucrados, el Ejecutivo anunció que apelaría el fallo por "absurdo e inconstitucional".
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL