Por cuarta vez fue aplazada la audiencia para imputarle un nuevo delito a Emilio Tapia por el desfalco de 70 mil millones de pesos que el ministerio de las TIC le entregó a la unión temporal Centros Poblados.
Esta vez por una capacitación para los jueces que serán jurados en las próximas elecciones. A pesar de que el entrenamiento había sido programado con anterioridad, se incluyó la diligencia, por lo que esta tuvo que ser reagendada.
El primer intento para imputar cargos a Emilio Tapia fue el 23 de febrero de este año, cuando la Fiscalía imputó también a los empresarios Juan Carlos Cáceres y Otomar Lascarro por la pérdida del anticipo de los 70 mil millones de pesos en el caso Centros Poblados. Tapia no se presentó a esta audiencia argumentando problemas de salud.
La segunda ocasión fue el 3 de mayo de este año, nuevamente Emilio Tapia aseguró que no podía asistir por un problema de salud.
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En aquella oportunidad fueron los guardias que lo custodiaban quienes informaron esa situación a través de un mensaje de voz que fue dado a conocer por el mismo juez en la audiencia.
El tercer intento se dio el 12 de mayo, 9 días después de que argumentara enfermedad. Esta vez, la audiencia no se instaló porque no se logró la conexión virtual con la cárcel Picaleña en Ibagué.
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Para expertos penalistas, existen otras opciones para que se logre vincular formalmente a Tapia a esta investigación por la millonaria pérdida del anticipo.
“En el caso de Emilio Tapia, o en cualquier caso o en cualquier proceso penal en Colombia, no existe riesgo de que la justicia no pueda vincular a ninguna persona al proceso penal, porque la ley faculta a la administración de justicia con poderes coercitivos”, explicó Luis Gabriel Cháves, abogado penalista.
“Si lo que se advierte es una rebeldía por parte de esta persona, la Fiscalía cuenta con la figura de la contumacia para, de esta manera, vincular formalmente a la persona, al proceso”, indicó por su parte José Gregorio Beltrán, abogado penalista.