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La Defensoría del Pueblo emitió este lunes un comunicado en el que manifiesta
2su más profundo rechazo y preocupación" frente al anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto "juicio revolucionario" a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional secuestrados en el departamento de Arauca.
Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía; el patrullero de la Policía Jordi Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia Dijín de Bogotá.
"Las personas secuestradas en este caso son civiles pues, aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes, no pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano", afirmó la Defensoría del Pueblo, que añadió en su comunicado que se trata de "una de las violaciones más graves al derecho internacional humanitario".
"La libertad fue condicionada a un llamado “canje humanitario”. Sin embargo, el deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato y debe ser incondicionado", se lee también en el comunicado de la Defensoría, que exigió la liberación "inmediata e incondicional" de los funcionarios, así como el cese absoluto de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra.
En un mensaje publicado por el ELN, ese grupo dijo que los secuestrados, una vez sometidos al juicio revolucionario, "podrán recibir penas de prisión de tres a siete años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar" y que "tan pronto se realice dicho juicio se informará a la opinión pública los resultados".
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La Fiscalía calificó de "inadmisible" en un comunicado que el grupo armado afirma que les hará a los funcionarios un "juicio revolucionario", reiteró su exigencia de liberación inmediata e incondicional y rechazó cualquier intento de condicionar su entrega a un canje.
Y recordó que los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fueron secuestrados el 8 de mayo en Arauca, mientras que los policías Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia fueron capturados el 20 de julio en esa misma zona.
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Por su parte, la Policía Nacional responsabilizó al ELN por la vida de los dos uniformados y advirtió que el "juicio revolucionario" al que los pretenden someter carece de validez y contradice la Constitución y las leyes colombianas.
Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL