¿Fallas en la inteligencia militar? Expertos opinan sobre bombardeo en que murieron menores

Analistas creen que al momento de lanzar la operación no se tenía certeza de cuántas personas había en el campamento ni de que allí había niños.

“Una operación militar se lleva acabo con tres partes: una parte de inteligencia; una segunda, los asesores jurídicos operacionales y una tercera, que es la decisión militar. En este momento lo que tenemos es que el error pudo haber estado en la inteligencia militar, que no tenía claro el objetivo en términos de cuántas personas había y cuántos menores estaban”, indicó Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.

Para el experto, la mayor responsabilidad podría estar en los asesores jurídicos operacionales, encargados de darle el visto bueno a la zona donde se ejecutó el bombardeo.

“En la parte de los asesores jurídicos operacionales, el error sería en la certeza para recomendar hacer esta operación. No hay unos márgenes de certeza altos y eso derivó en que se adelantara una operación en donde cayeron menores de edad", explicó el analista.

Teoría que comparte el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo.

“La responsabilidad del reclutamiento es de esos grupos, pero la responsabilidad de proteger a esos menores y de devolverles los derechos es del Estado colombiano", indicó Restrepo.

Pero otra cosa piensa el académico Jorge Luis Arce, quien manifiesta que el bombardeo pudo ser legítimo si se llega a comprobar que los menores de edad eran combatientes.

"Si hacían parte del grupo residual de las FARC esto significa que ya se enmarcan en el Protocolo Primero Adicional a los Protocolos de Ginebra y son legítimos combatientes, tanto como el Derecho Internacional Humanitario establece que después de los 15 años son legítimos combatientes", asegura Arce, quien es docente de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Central.

Finalmente, estos expertos coinciden en que se debe investigar a fondo los detalles de la operación para determinar si caben sanciones disciplinarias o administrativas, sin desconocer lo que le podría traer esta acción a Colombia en el ámbito internacional.

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