Según Human Rights Watch (HRW), los grupos armados ilegales han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el COVID-19 en Colombia.
Las amenazas y homicidios son algunos de los mecanismos de presión que han usado para hacer cumplir sus reglas en por lo menos 11 de los 32 departamentos del país donde han ejercido intimidaciones. En tres departamentos, nueve personas han sido asesinadas.
“Arman retenes para controlar el tráfico vehicular, inclusive interrogar motocicletas y vehículos que transitan en las horas permitidas, porque si son las horas que no están permitidas donde hay toque de queda, ahí simplemente disparan”, denuncia José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
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Estas medidas han limitado aún más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza. En zonas de Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que los enfermos salgan de sus casas durante los toques de queda.
Se aprovechan de la “condición general pánico, de vulnerabilidad, que tenemos todos frente al virus, al riesgo del virus, para imponer su autoridad en los distintos departamentos de Colombia”, enfatiza Vivanco.
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Además, la organización internacional dice que no descarta que en algunas zonas los grupos delincan e impongan su ley en complicidad con agentes del Estado.
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“Es probable que exista en alguna localidad. Lo que estamos en condiciones de advertir es que las autoridades locales, que deben velar por la seguridad y condiciones de vida, están aterrorizadas y sostienen no tener los elementos, las condiciones, para ofrecer esa protección”, puntualizó.
Disidencias de las FARC, el ELN y las autodefensas gaitanistas son algunos de los grupos que con violencia intimidan para que se cumpla el aislamiento preventivo obligatorio
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