El Gobierno de Abelardo de la Espriella elaboró un borrador de decreto para modificar y complementar algunas normas del Decreto 003 de 2021, el cual regula la protesta social. El objetivo del Ejecutivo es crear el "estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana". Con esta propuesta se busca aclarar cómo deben coordinarse las autoridades durante las protestas, así como el papel de la mediación, las acciones preventivas y los procedimientos de la Policía.
Uno de los puntos principales del borrador es aclarar cómo se aplica el principio de privilegiar el diálogo cuando se presentan hechos violentos en una manifestación. La propuesta señala que la mediación sigue siendo la primera opción para el manejo de la protesta en general, pero precisa que esto no impide actuar de manera inmediata contra quienes estén cometiendo actos violentos. En ese sentido, el texto añade al artículo 2 el siguiente parágrafo: "Frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia".
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Además, el borrador indica que, si desde el inicio de la movilización se detecta el uso de armas, explosivos, retención de personas o daños a bienes, las autoridades podrán adoptar medidas de protección de manera simultánea al diálogo con quienes protestan pacíficamente.
Causales objetivas y niveles de respuesta
El proyecto busca que con el artículo 31 se defina cuándo se considera agotada la etapa de diálogo. Según el texto, esta fase terminará cuando"los equipos de diálogo, el Ministerio Público, las comisiones de verificación y, cuando los hubiere, los organizadores de la manifestación hayan adelantado gestiones sostenidas y documentadas sin resultado, y el Puesto de Mando Unificado verifique la concurrencia de alguna de las circunstancias".
Entre esas circunstancias se encuentran la obstrucción de misiones médicas, el desabastecimiento de productos básicos, el uso de armas, las agresiones contra funcionarios o periodistas y la destrucción de infraestructura.
Una vez se confirme alguna de estas situaciones, el artículo 31A establece cinco niveles de actuación:
- 1. Facilitación y gestión preventiva
- 2. Diálogo directo
- 3. Mediación y articulación institucional
- 4. Disuasión
- 5. Restablecimiento del orden mediante la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Equilibrio constitucional y protección de infraestructura
El borrador también incorpora al artículo 3 el principio de "equilibrio constitucional", definido así: "La garantía del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica será ponderada con la protección efectiva de los demás derechos fundamentales y bienes constitucionales en tensión, entre ellos la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales".
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Bajo este principio, indica el borrador, las autoridades deberán garantizar corredores para ambulancias y otros vehículos de emergencia, además de elaborar con anticipación un inventario de bienes e infraestructura crítica que requieran protección especial.
Rendición de cuentas e informes
Finalmente, la propuesta refuerza las obligaciones de seguimiento y transparencia después de las jornadas de protesta. El nuevo artículo 39A ordena publicar un informe oficial sobre las afectaciones a personas, bienes y servicios. Por su parte, el artículo 42 mantiene la obligación de alcaldes y gobernadores de entregar una explicación pública de su actuación en un plazo máximo de tres meses.
Los cambios para el gobierno De la Espriella buscan establecer reglas más claras para la respuesta de las autoridades durante las manifestaciones, manteniendo garantías ya contempladas en el Decreto 003 de 2021, como la prohibición del uso de armas de fuego en el acompañamiento policial y la presunción de que las movilizaciones son pacíficas.
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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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