En algunos departamentos no cumplieron con contratos y dejaron de ofrecer comida a los niños durante 65 días, revelaron Contraloría y Fiscalía.
En Cartagena, por ejemplo, el Consorcio Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Humano, administrado por empleados situados en Pasto, lograron adiciones por más de 5 mil millones de pesos sin ejecutar lo pactado. Según se conoció, el exalcalde Manuel Vicente Duque declaró urgencia manifiesta para adjudicar el acuerdo.
Se realizó además una negociación con el consorcio Pro Escolares 2016, que incrementó los costos de los alimentos para poder justificarlos en las facturas que pasaban en las auditorías.
El kilo de pechuga pasó de $7.000 a $40.000
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El kilo de carne pasó de $11.000 a $25.000
El kilo de carne molida pasó de $10.000 a $38.000
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Por otro lado, desde Santander se formalizó un contrato por 30 millones de pesos con la asociación de operadores de grúas T&A, que funciona en Acacías, Meta, para el suministro de tamales. Sus operarios certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales.
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