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El 24 de noviembre, el general en retiro Rodolfo Palomino López, quien fuera director de la Policía Nacional, fue capturado para comenzar a pagar una condena de siete años y un día de prisión. La captura, notificada a la Corte Suprema de Justicia, se deriva de un fallo condenatorio emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró culpable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Este caso se centró en un abuso flagrante del poder jerárquico que el entonces director de la Policía ejerció sobre una funcionaria judicial. Los detalles del expediente, sustentados principalmente en la denuncia de la víctima, revelan la presión que Palomino intentó ejercer en 2014 para beneficiar a un tercero.
Las labores investigativas de la Fiscalía indicaron que el general (r) Palomino utilizó de manera indebida su cargo y rango para presionar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño. En aquel momento, la fiscal Velásquez se desempeñaba como delegada ante los jueces penales del circuito y estaba adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto.
El objetivo de Palomino era que la fiscal Velásquez suspendiera la orden de captura emitida en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, así como de otras trece personas. El empresario Gallo Restrepo era, en ese momento, un procesado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado. Además, se le señalaba de haber ayudado a grupos paramilitares en la expropiación de tierras en el departamento de Córdoba.
La condena se basó en que Palomino López aprovechó su autoridad y usó indebidamente el cargo y poder jerárquico para ejercer presión sobre la funcionaria judicial, buscando favorecer a un tercero sin que existiera una justificación legal para ello.
El intento de Palomino por influir en la decisión judicial se llevó a cabo mediante diversos métodos, amparado en la investidura de su alto rango.
Inicialmente, el general (R) Palomino habría querido influenciar la decisión de la fiscal a través de llamadas telefónicas. Sin embargo, el esfuerzo escaló, ya que el general decidió visitarla en su propia residencia para concretar la petición de suspender el operativo contra el empresario. Esta reunión en la residencia de la fiscal, ocurrida el 8 de febrero de 2014, tuvo una duración de 47 minutos.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía se basó tanto en la denuncia presentada por la fiscal afectada como en varias conversaciones telefónicas que ella misma aportó. En una de estas comunicaciones—que se convirtió en una pieza probatoria clave— se evidenció claramente el intento de presión. El propio general Palomino, en dicha comunicación, hizo referencia a la "propuesta" que intentaba plantear: “Dentro de este listado que son como catorce personas del tema de lavado en el Quindío, cuando uno ve, una obra de este personaje, uno dice Gallo Restrepo, pues no, uno se sorprende y sorprende a todo el mundo ¿cierto? Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso por un tiempo”.
La pieza probatoria principal que permitió a la Sala de Primera Instancia condenar al general Palomino fue un audio que grabó la propia fiscal el 8 de febrero de 2014. En este audio, se escucha al condenado hacer la sugerencia de que no había necesidad de dictarle medida de aseguramiento a Luis Gonzalo Gallo. La fiscal Velásquez puso esta conversación en conocimiento de las autoridades, lo que sirvió como base para que se emitiera la orden de captura posterior contra Palomino.
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Un aspecto importante del proceso judicial es que la supuesta gestión de Palomino no fructificó y las capturas se materializaron conforme a lo dispuesto por la funcionaria judicial. Adicionalmente, durante la audiencia, la Sala reconoció a la Fiscal Velásquez como víctima en el proceso, debido a la presunta irregularidad en la que incurrió el entonces director de la Policía Nacional. Por el contrario, fue negada la petición de la defensa de Palomino que solicitó ser declarado víctima y no acusado.
Tras la condena y la orden de captura inmediata, el exdirector de la Policía, a través de su cuenta de X, manifestó haber respetado y acatado siempre las disposiciones de la justicia, aunque no las comparta. En consecuencia, se presentó voluntariamente ante el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.
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Aunque la sentencia ya fue emitida y se ordenó la captura, el general en retiro tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Tras su captura, la Corte fue notificada y ahora el Inpec deberá determinar el sitio donde Palomino pagará su condena. Uno de los magistrados, Jorge Emilio Caldas Vera, salvó parcialmente su voto al cuestionar la orden de captura inmediata, argumentando que existían presupuestos para esperar la ejecutoria de la sentencia.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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ESTE TEXTO FUE REALIZADO CON COLABORACIÓN DE UN ASISTENTE DE IA Y EDITADO POR UN PERIODISTA QUE UTILIZÓ LAS FUENTES IDÓNEAS Y VERIFICÓ EN SU TOTALIDAD LOS DATOS. CUENTA CON INFORMACIÓN Y REPORTERÍA PROPIA DE NOTICIAS CARACOL.