Cristina Lombana es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que hasta este miércoles indagaba la supuesta relación entre el hacker Andrés Fernando Sepúlveda y el senador Álvaro Uribe Vélez. También fue quien ordenó, en diciembre pasado, allanar una base militar en Facatativá, desde donde se estarían haciendo los perfilamientos ilegales en el Ejército.
Sin embargo, ella misma solicitó al alto tribunal que la apartara pues su nombre apareció en una carpeta en la unidad militar.
La Corte aceptó su solicitud en una decisión que no fue unánime pues los magistrados César Reyes y Marco Rueda salvaron su voto. Para ellos, la mención en la carpeta militar era añeja y se refería a una recusación aceptada en otro caso contra el expresidente Uribe.
Además, los magistrados Reyes y Rueda cuestionaron duramente dos reuniones que la magistrada Cristina Lombana sostuvo con militares activos y uno retirado en su casa en La Calera, con las cuales, señalaron, ella habría perdido su imparcialidad.
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Por su parte, Jaime Granados Peña, abogado defensor del líder del Centro Democrático expresó: “Para nosotros la actuación era ilegal porque no da garantías de imparcialidad si sostenía reuniones que no dejaba constancia en el expediente con altos mandos de las FF. MM. y en donde no respondía a los requerimientos de la defensa”.
Reyes y Rueda también cuestionaron a Lombana por usar un anónimo que, para ellos, nada tenía que ver con la investigación inicial del llamado hacker Sepúlveda para allanar la unidad militar.
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Solamente por este hecho, advirtieron que le fue violado el debido proceso y de defensa a Álvaro Uribe Vélez.