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Luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara archivos de alias Calarcá en los cuales se habla de supuestos nexos de las disidencias de las Farc con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Gobierno colombiano anunció acciones para investigar el caso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en la noche de este domingo que tomó atenta nota del delicado informe de este medio de comunicación. “Quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y por ende la ley”, señaló.
En su declaración, a través de X, dijo que ordenó adelantar una investigación rigurosa según las competencias del Ministerio de Defensa y de la fuerza pública. “Así mismo, hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando”, anotó.
Según Sánchez, no dudará en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones. “Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, añadió el jefe de la cartera de Defensa.
Al general Huertas, quien actualmente es el jefe del Comando de Personal del Ejército, los documentos de ‘Calarcá’ lo señalan de tener supuestos negocios para la creación de una empresa de seguridad como fachada para los disidentes.
Según los documentos, la finalidad de esta fachada era permitir a los miembros de las disidencias moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, una estrategia que fue comparada con las tácticas utilizadas por los paramilitares con las Convivir en los años noventa.
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Esta propuesta económica se estructuraría bajo el modelo "mita y mita" (50/50): el general Huertas se encargaría de conseguir los permisos, mientras que las disidencias aportarían "los muchachos y las armas". Según la comunicación, Huertas consideraba que esto era una "buena inversión" dado que, si los procesos de negociación con el Gobierno fallaban, ellos quedarían con "hombres legales".
Además de la creación de la empresa (que comenzaría solicitando permisos para pistolas y luego para la circulación con fusiles), Huertas habría ofrecido protección para los desplazamientos de los jefes disidentes, asegurando que él mismo asistiría a los traslados para evitar requisas o detenciones sin una orden superior.
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En cuanto a Wilmar Mejía, a quien fuentes consultados aseguran que es el "verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)", un testigo disidente dijo que a Mejía lo apodan ‘el Chulo’ y supuestamente es la persona encargada de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública.
Este acercamiento al parecer incluía la presentación a coroneles, estaciones de policía y comandantes de estación para facilitar la movilidad de las disidencias.
Según un testigo disidente, ambos funcionarios habrían asistido a reuniones en Bogotá, junto con oficiales del Ejército vestidos de civil, para coordinar un "pacto de no agresión" entre la fuerza pública y las disidencias en Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar.
En respuesta a estos señalamientos, el general Juan Miguel Huertas negó las acusaciones y manifestó que nunca se ha reunido con integrantes de las disidencias de las Farc. “Nunca he ido a Venezuela. Lo que sí puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieres es hacerme un montaje”, señaló.
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En tanto, Wilmer Mejía manifestó que no ha viajado a Venezuela ni ha sostenido reuniones con jefes de disidencias. También dijo que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad, añadiendo que es un montaje en contra de Huertas y de él.
El ministro Sánchez completó su mensaje señalando que alias Calarcá y alias Mordisco "son criminales". "Así lo argumentan las órdenes de captura. La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia. Nuestro objetivo primordial es proteger a la población civil de su accionar delictivo", dijo.
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Agregó que aunque alias Calarcá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir.
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