Millonaria cifra por la que se subastó finca de Pablo Escobar en Guatapé, usada para narcotours

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) concretó la venta de uno de los bienes más emblemáticos y polémicos que pertenecieron al extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Se trata de la finca La Manuela, una propiedad de 7.826 metros cuadrados ubicada estratégicamente a orillas del embalse de Guatapé, específicamente en la vereda El Uvital del municipio de El Peñol, en el Oriente antioqueño. Este predio, que por décadas simbolizó el poder criminal del Cartel de Medellín, fue finalmente adjudicado a través de una subasta pública por un valor exacto de $7.700 millones de pesos.

De acuerdo con Caracol Radio, Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, destacó la relevancia de este movimiento financiero y legal para el Estado colombiano. Según la funcionaria, “Se hizo la venta de un inmueble emblemático que perteneciera en su momento a Pablo Escobar Gaviria. El inmueble, denominado La Manuela, fue adquirido mediante subasta pública que se realizó por la sociedad de activos especiales, por más de siete mil setecientos millones de pesos”.

El fin de tres décadas de explotación ilegal y "narcotours"

A pesar de estar bajo la mira del Estado, el predio de La Manuela se mantuvo durante treinta años bajo una administración irregular que burló el control de las autoridades. Según registros de Noticias Caracol, la propiedad fue ocupada por un mayordomo y su familia, quienes durante tres décadas explotaron el lugar comercialmente sin generar un solo peso de ingreso para la Nación.

El modelo de negocio clandestino se centraba en el denominado “turismo asociado al narcotráfico”, donde se cobraba a visitantes nacionales y extranjeros por recorrer las ruinas de la casa principal, mientras se relataban historias sobre la vida del capo. La recuperación de este activo no fue sencilla; la SAE tuvo que ejecutar una de sus operaciones de desalojo más complejas debido al asedio criminal y las intimidaciones dirigidas hacia la gerencia regional de Antioquia para evitar que el Estado retomara el control del inmueble.

Un tesoro botánico exótico en medio de las ruinas

Más allá de su pasado delictivo, La Manuela destaca por su invaluable riqueza ecológica, fruto de los caprichos del narcotraficante. Escobar convirtió el terreno en un jardín botánico privado con especies traídas de diversas partes del mundo. En los 7.826 metros cuadrados de la finca se encuentran ejemplares de magnolias y tulipanes únicos en la región, además de árboles exóticos importados desde Europa, África, Estados Unidos y Chile.

Esta particularidad, sumada a su ubicación privilegiada con vista al lago, convirtió a la finca en una de las propiedades favoritas del narcotraficante, quien la bautizó en honor a su hija. No obstante, durante años, esta opulencia se transformó en un “monumento a la desidia”, con estructuras en ruinas devoradas por la maleza y marañas judiciales provocadas por abogados expertos en dilatar los procesos de extinción de dominio.

El desafío de la SAE: administrar el botín de la mafia

La subasta de La Manuela es un caso exitoso dentro de un panorama institucional sumamente complejo. La SAE es la inmobiliaria más grande del país, encargada de administrar y vender los bienes que la justicia arrebata a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos corruptos. Su portafolio es vasto y diverso, superando un patrimonio de $15 billones de pesos.

Andrés Ávila, quien fue director de la entidad hasta 2022, describió en 2021 a Noticias Caracol la magnitud de la operación institucional: “Somos la inmobiliaria más grande del país y del mundo en administración de bienes de origen ilícito 28 mil inmuebles en toda Colombia”. Este holding incluye desde hoteles, fincas y droguerías, hasta empresas de servicios públicos, transporte aéreo, comercializadoras de oro e incluso más de 15.000 semovientes.

Sin embargo, el éxito de la venta de La Manuela contrasta con la lenta recuperación de activos bajo administración del Estado. Aunque la SAE tiene a su cargo miles de inmuebles, solo una parte ha logrado la extinción de dominio plena, debido principalmente a la demora de los procesos judiciales. Estas disputas legales, impulsadas por recursos y maniobras de antiguos propietarios, suelen prolongarse durante años e incluso décadas.

Destino de los recursos y transparencia institucional

La venta por $7.700 millones de esta propiedad en Guatapé no solo representa un cierre simbólico al legado de Escobar, sino también una inyección de recursos para programas sociales y de justicia. La ley colombiana estipula que los fondos generados por la administración y venta de estos bienes tienen una destinación específica.

Además de la lucha contra el crimen organizado, los recursos obtenidos a través de estas subastas se transfieren a entidades del Estado como la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y se destinan a la reparación de las víctimas del conflicto armado y a proyectos de desarrollo en el archipiélago de San Andrés. La comercialización de estos bienes busca fortalecer la financiación de programas sociales y de interés público.

Esta transacción se consolida como un hito histórico en Colombia, al tratarse de uno de los bienes más emblemáticos del antiguo Cartel de Medellín que, tras décadas de ilegalidad, pasa finalmente a manos legales y con fines productivos para el Estado.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.